Columnas

Tras la victoria presidencial de Boric el pasado 19 de diciembre, Jackson señaló que aquellas querellas interpuestas por la Ley de Seguridad del Estado serán «retiradas en el minuto que Gabriel asuma como presidente, es un compromiso»

La experiencia de “Democracia en tiempo real” que nos hizo padecer la Convención Constitucional la semana pasada, y el desenlace que tuvo, abre varias lecturas. Entre ellas que el frenteamplismo (al menos por ahora) bien puede describirse apenas como una demografía generacional.

«Aunque termine siendo aprobado, un texto constitucional que excluya estructuralmente en su elaboración a ciertas ideas, valores y grupos de personas (no olvidar lo que ha sucedido con las audiencias), tiene pocas posibilidades de ser la respuesta que nuestro país necesita para recuperar unidad y paz»

Llama la atención que los diputados, unánimemente, busquen una fórmula para relevar de sus obligaciones como parlamentario al presidente electo. Si bien casos similares se han presentado en el pasado y es plausible que quien ha sido electo sea absorbido por la preparación para asumir sus nuevos deberes, la evolución en los estándares de probidad y transparencia de la última década nos indica que esa ya no es una solución adecuada.

Motivados por la promoción de una serie de principios e instituciones que favorecen el desarrollo humano y la convivencia de las personas en una sociedad libre, justa y equitativa, los centros de estudios firmantes hemos puesto a disposición de los convencionales constituyentes, la opinión pública y la sociedad civil en general un documento con orientaciones, lineamientos y propuestas compartidas, con miras a contribuir a la discusión constitucional en curso.

De esta forma, la Convención se atribuyó la facultad de someter a la ciudadanía la decisión final de incluir o no en su propuesta aquellas normas constitucionales que no hayan alcanzado el quórum de dos tercios de los convencionales constituyentes en ejercicio, pero que si hayan logrado tres quintos. Con ello insiste en la conducta que ha venido evidenciando desde su instalación, cual es arrogarse atribuciones que no posee y hacer caso omiso de las reglas a las que se debe someter el proceso de generación constitucional. 

«La distorsión impide discutir, resta entusiasmo por leer su libro y, sobre todo, lo deja en un limbo en el que nunca va a encontrar a Guzmán.»

«Si bien una figura de la estatura histórica de Jaime Guzmán siempre estará sometida a escrutinio, resulta complejo, por decir lo menos, discutir sobre una hipótesis que se sustenta en una cita (esgrimida por Ortúzar en su carta de ayer) que ha sido manipulada y, por ende, no guarda un mínimo rigor ético ni intelectual.»

«Lo que Jaime pretendía era rebatir la ideología comunista a través de la refutación política y utilizar mecanismos jurídicos para perseguir su actividad subversiva, por lo que me parece un exceso, aunque sea literario, afirmar que identificaba a quienes adhieren al comunismo con demonios.»

«El recurso majadero para evitar la imposición de cualquier límite al ejercicio del poder parece ser un mecanismo más propio de los espíritus autoritarios que de los demócratas.»

El hecho de que la violencia sea un problema sociopolítico la convierte en un problema de todos, principalmente de quienes aspiran a dirigir el país y de su compromiso para aislarla, porque si de algo se trata la democracia es precisamente de marginar la violencia como mecanismo válido de expresión.

En definitiva, la Lista del Pueblo se constituyó como una colectividad horizontal de inspiración marxista para diferenciarse de los partidos políticos y sus vicios. No obstante, demostró la peor cara de la política. Censuras, mentiras y fraudes han sido la tónica de este colectivo que no pasó agosto, el último mes de invierno en el hemisferio sur.

Estas execrables prácticas solo permiten acercarnos a aquello que muchos advertimos al comienzo de todo este proceso: se trata de una mentira, de una gran farsa, de una titánica conspiración.

No debería sorprendernos que la desafección a la deliberación racional y el diálogo se sigan manifestando en la Convención, poniendo en jaque la libertad de expresión. Hay sectores radicales que intentan atribuirse una superioridad moral que termina siendo despótica al imponer la censura y la cancelación de quienes disienten de su particular visión del mundo.

Es la nación y no el pueblo, en quien reside la soberanía, pues así lo establece la Carta Fundamental vigente en su artículo 5. La Convención es un órgano constituido con un mandato preciso: elaborar una propuesta de nueva Constitución.