Columnas

«Si bien una figura de la estatura histórica de Jaime Guzmán siempre estará sometida a escrutinio, resulta complejo, por decir lo menos, discutir sobre una hipótesis que se sustenta en una cita (esgrimida por Ortúzar en su carta de ayer) que ha sido manipulada y, por ende, no guarda un mínimo rigor ético ni intelectual.»

«Lo que Jaime pretendía era rebatir la ideología comunista a través de la refutación política y utilizar mecanismos jurídicos para perseguir su actividad subversiva, por lo que me parece un exceso, aunque sea literario, afirmar que identificaba a quienes adhieren al comunismo con demonios.»

«El recurso majadero para evitar la imposición de cualquier límite al ejercicio del poder parece ser un mecanismo más propio de los espíritus autoritarios que de los demócratas.»

El hecho de que la violencia sea un problema sociopolítico la convierte en un problema de todos, principalmente de quienes aspiran a dirigir el país y de su compromiso para aislarla, porque si de algo se trata la democracia es precisamente de marginar la violencia como mecanismo válido de expresión.

En definitiva, la Lista del Pueblo se constituyó como una colectividad horizontal de inspiración marxista para diferenciarse de los partidos políticos y sus vicios. No obstante, demostró la peor cara de la política. Censuras, mentiras y fraudes han sido la tónica de este colectivo que no pasó agosto, el último mes de invierno en el hemisferio sur.

Estas execrables prácticas solo permiten acercarnos a aquello que muchos advertimos al comienzo de todo este proceso: se trata de una mentira, de una gran farsa, de una titánica conspiración.

No debería sorprendernos que la desafección a la deliberación racional y el diálogo se sigan manifestando en la Convención, poniendo en jaque la libertad de expresión. Hay sectores radicales que intentan atribuirse una superioridad moral que termina siendo despótica al imponer la censura y la cancelación de quienes disienten de su particular visión del mundo.

Es la nación y no el pueblo, en quien reside la soberanía, pues así lo establece la Carta Fundamental vigente en su artículo 5. La Convención es un órgano constituido con un mandato preciso: elaborar una propuesta de nueva Constitución.

Resulta preocupante que el órgano llamado a redactar la norma fundamental que limita el poder del Estado en resguardo de los derechos de la ciudadanía se exceda en sus atribuciones, poniendo en jaque uno de los derechos más esenciales para el pluralismo y la convivencia democrática.

 La polarización empujada por las izquierdas radicales nos ha alejado de una sana democracia que nos permita dialogar en las mismas claves.

Los intentos de algunos constituyentes por acometer y pronunciarse sobre todo tipo de tareas y asuntos, atribuirse competencias que claramente no tienen e insistir majaderamente en sentirse depositarios de una soberanía que no les pertenece no tiene ni asidero ni destino.

Después de meses de revuelta, manifestaciones incendiarias e intentos de salida, enfrentamos una nueva elite despótica, que se arroga competencias, poder y verdad. Esto requiere que la recomposición de los partidos sea una tarea fundamental. A fin de cuentas, la ciudadanía ya ha dado muestras de que puede cancelar abruptamente la línea de crédito que estuvo dispuesta a entregar a sus representantes.

Establecer una suerte de verdad oficial acerca del pasado desde el poder constituyente contraviene el más elemental de los derechos: investigar la verdad con libertad. Supone vulnerar todo lo valioso y noble de las personas: sus recuerdos, memoria, sus creencias, legado familiar, entre otras cosas. ¿Quién puede arrogarse tanta superioridad moral para establecer verdades históricas incuestionables?

«Por parte de un sector de la izquierda que, faltando a su promesa de renovación, entró en el paisaje político como un bloque que ha contribuido progresivamente, en el último tiempo, a radicalizar la política» (…) Gabriel Boric integra y representa precisamente a esa izquierda radical», sostuvo el Director Ejecutivo de la FJG, Jorge Jaraquemada.

Por último, no podemos olvidar que la propuesta de nueva Constitución será votada en un plebiscito con sufragio obligatorio. Si se aprueba, será una Constitución hecha por un órgano especialmente convocado para ello, ampliamente representativa, con un quórum que permitió consensos políticos y sociales sólidos. Es difícil pensar en algo más democrático.