La izquierda intenta proyectar su actual espíritu socialdemócrata al socialismo previo a 1973. Pero en esos días estaba embelesado con la Revolución Cubana y sus posiciones eran tajantes.
Resulta inevitable por estos días referirse al denominado “caso convenios” debido al fuerte impacto público que ha tenido y a sus, por ahora, imprevisibles consecuencias. Lo que sí, a mi juicio, pudo evitarse son las circunstancias que rodean este caso y que hicieron posible que se asignaran ingentes recursos fiscales a entidades colaboradoras que los destinaron a un uso aun no esclarecido.
La creación vía decreto supremo de una “Comisión Asesora contra la Desinformación”, sin duda levanta preocupaciones.
El presidente y sus amigos no eran ni inmaculados ni mejores políticos. No nos han salvado de nada, ni nos han sacado de ninguna de las crisis que arrastramos.
Una notoria novedad del anteproyecto constitucional de la Comisión de Expertos es la inclusión de un catálogo de deberes que obliga a todos por igual. Consagrar deberes a nivel constitucional puede contribuir a lograr un equilibrio más apropiado en un contexto en que el debate se encuentra dominado por los derechos.
La sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, de 30 de noviembre de 2022, sobre la aplicación de la tabla de factores por las Isapres, ha sido vista como el corolario de una actitud judicial que viene predominando, desde hace varios años, en nuestros tribunales superiores de justicia y que suele denominarse “activismo judicial”.
Tras las múltiples promesas del Presidente condicionadas a la reforma tributaria, el gobierno trata de instalar una falsa narrativa, haciendo creer que ingresará en julio una nueva propuesta cuando, en realidad, eso no es posible.
Diputados oficialistas presentaron un proyecto que busca sancionar penalmente el negacionismo. Parecen olvidar la sentencia del Tribunal Constitucional (Rol Nº 9529 de 2020) que ya se pronunció sobre un proyecto similar…
Reivindicar la legitimidad del 11 de septiembre de 1973 o impugnar las credenciales democráticas del expresidente Allende es similar a agitar un avispero.
Desde que Gabriel Boric asumió el gobierno, en marzo de 2022, la crisis de inseguridad en Chile se ha venido descontrolando paulatina, pero persistentemente. Sin duda, no fue su gobierno el punto de partida de esta crisis […] pero sí fueron él y sus huestes quienes contribuyeron a depreciar la legitimidad de la que gozaban las fuerzas policiales antes de estos eventos.
El domingo el expresidente Ricardo Lagos señaló que “las credenciales democráticas de Allende no están en cuestión”. Disiento. Una cosa es que accediera democráticamente al poder y otra cómo lo ejerció.
Las cuatro subcomisiones de la Comisión Experta acaban de terminar de elaborar el borrador de anteproyecto constitucional que ahora deberá someterse al pleno de dicha comisión para su aprobación o enmienda. El texto que en definitiva resulte de esta instancia luego pasará a la deliberación del recientemente electo Consejo Constitucional.
Chile hoy es un país completamente diferente al que era hasta octubre de 2019. Si entonces las principales demandas apuntaban a mejorar la educación, la salud y las pensiones, actualmente han sido desplazadas por la necesidad de restaurar la seguridad y el orden público.
La subcomisión de Principios y Derechos Civiles y Políticos votó una enmienda referida al derecho a la vida. Ahí se manifestaron las luces y sombras de este proceso.
“Republicanos y Chile Vamos consiguen los 2/3 y podrían cambiar, por sí solos, el texto de la Comisión Experta”. Algo similar titulaban los periódicos luego de conocer los resultados de la elección de consejeros constitucionales el domingo 7 de mayo. Y es que lograr 34 consejeros fue algo inesperado.
