La modificación del trámite de conciliación en los juicios de divorcio buscaba agilizar la tramitación de este tipo de juicios y evitar la acumulación de causas en el sistema jurisdiccional. Sin embargo, el efecto más visible ha sido el debilitamiento de la institución del matrimonio y la familia, lo cual contradice el espíritu de la ley. Modificar procedimientos en materias tan sensibles como el vínculo matrimonial no puede tener como único objetivo mejorar la gestión, pues es deber primordial del Estado –sin descuidar la celeridad de los juicios– velar por el fortalecimiento de la familia.
