La Constitución y la ley establecen la forma en que se procesará el debate democrático y se formarán las leyes, que no admite excepciones y que cuenta con mecanismos de reconsideración que permiten mayor debate acerca de los fundamentos para declarar admisible o no determinadas iniciativas. En el conjunto total, han sido habituales las polémicas en torno a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, elemento central del trámite legislativo, porque manifiesta, a juicio de algunos, un excesivo poder y control del proceso; sin embargo, la concentración de la responsabilidad fiscal y el presupuesto público en la persona del Presidente de la República requieren de herramientas de este tipo para mantener la disciplina en materia económica y el cuidado de las arcas fiscales en general. Esta razón se refrenda en el debate político de hoy, en que los parlamentarios de oposición de manera irresponsable han pretendido comprometer al máximo los recursos fiscales.
