Con la legislación actual que tiene Chile respecto de la protección de datos personales, el contexto internacional con un rápido avance en el desarrollo tecnológico, y el efecto acelerador de la transformación digital que generó la pandemia del COVID-19, se reafirma la urgencia de la existencia de una adecuada infraestructura normativa de protección de datos personales, teniendo en cuenta la naturaleza del bien que se pretende proteger, y que en nuestro caso, está recogido en la Constitución actualmente vigente, por lo cual existe también un mandato constitucional expreso que exige su cumplimiento.
Con el proyecto de ley en trámite se avanza en la dirección adecuada, y se espera su pronta aprobación, porque se ha logrado llegar a consensos, sobre todo respecto a la necesidad de que exista una Agencia independiente del Consejo para la Transparencia, para que este último continúe con su labor fundamental para el desarrollo de la democracia, y así pueda existir una Agencia especializada con los conocimientos necesarios para la adecuada protección de los datos personal.
