Por Jorge Jaraquemada
El sistema educacional escolar chileno está en crisis y el gobierno paralizado. Desde La Moneda no se asoman soluciones a los gravísimos problemas por los que atraviesan las escuelas de nuestro país, aun cuando la generación que hoy nos gobierna construyó su capital político con un discurso que hacía de la educación una causa urgente y principal. Si en algo no debía decepcionar era en esta materia. Sin embargo, la educación se suma a todas las demás deudas de una administración que no tiene mayoría política ni social y tampoco capacidad para avanzar en soluciones.
Si bien en 2006 hubo registro de un movimiento secundario, conocido como revolución pingüina, que exigía gratuidad, desmunicipalizar la educación escolar y derogar la Ley Orgánica de Educación, las movilizaciones del 2011 marcaron la colosal entrada a la primera línea política de los dirigentes universitarios que hoy están en el poder. La extensión de sus demandas -desprendidas de la marketera consigna “educación gratuita y de calidad”- les valió popularidad y explica, en gran parte, que Boric sea Presidente de la República y que, en su gabinete, figuren varios ex líderes estudiantiles de aquel entonces.
Esa popularidad también la usaron para presionar por la caída de ministros de la cartera, para hacer vista gorda ante la violencia de los overoles blancos que contribuyeron a la decadente realidad que hoy viven los que antes se llamaban con orgullo liceos emblemáticos y para apoyar y replicar la evasión del Metro de Santiago por estudiantes secundarios en torno a octubre de 2019.
Al amparo de la ideología que demonizaba el lucro y con su ímpetu juvenil, proyectaron una imagen conocedora de la educación, que tenía un horizonte claro de lo que había que hacer y la posicionaron como un problema medular. Su discurso caló hondo en la Nueva Mayoría que, proponiendo “bajar de los patines” a los alumnos con méritos sobresalientes, inició un proceso de reformas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet que sumió a la educación escolar en la situación crítica en que ahora se encuentra. Así la centroizquierda se mimetizaba con aquella radical y renunciaba al discurso sostenido por treinta años.
La llamada ley de inclusión limitó a los colegios particulares subvencionados y la libertad de las familias para escoger la educación de sus hijos. Restó valor al mérito personal y lo reemplazó -en aras de su igualitarismo ideológico- por un sistema centralizado y azaroso, una tómbola que terminó por lesionar los proyectos educativos, pues matricularse ya no supone adherir a un determinado proyecto educacional. Además, ha tenido que ser “asistido” por una plataforma de selección que tiene costos para los establecimientos, replicando lo mismo que buscaba evitar: la discriminación. Al día de hoy, el gobierno aún no ha aclarado este asunto. Por el contrario, las contradicciones entre los ministros Cataldo y Vallejo sólo muestran confusión y enfrentamiento entre dos militantes comunistas.
La desmunicipalización del sistema escolar público, mandatada en 2017, ha resultado un estrepitoso fracaso. A un mes y medio de comenzar las clases hoy tenemos casi mil alumnos sin colegio. El gobierno ha prometido, pero no ha ofrecido soluciones concretas. Tampoco ha mostrado liderazgo ni capacidad de diálogo para que los alumnos de Atacama volvieran oportunamente a clases y los profesores pusieran fin a su paro en rechazo a la gestión de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). A este paro se suma otro en Antofagasta como reacción al suicidio de una joven profesora amenazada de muerte por una alumna y sus padres, cuestión que constata el punto crítico por el que atraviesa la educación pública. Incluso se presentó recién en el Congreso un proyecto de ley que busca proteger la profesión docente.
Como si esto fuera poco, en marzo pasado el país se enteró de una charla sobre sexualidad a alumnos de quinto básico en Arica, con contenidos extremadamente explícitos y descriteriados, por no decir derechamente sicalípticos, que dio al traste con el consentimiento informado que los padres deben otorgar. Esto constata el perseverante y obtuso afán ideológico de la izquierda que, para quienes lo dudan, parece inagotable, a pesar de las sendas derrotas que su proyecto de sociedad ha sufrido recientemente.
Padecemos una aguda crisis en la educación escolar provocada por la decisión ideológica de migrar hacia un sistema que ha limitado la creación de nuevos proyectos educativos, que avasalla los derechos de los padres respecto de la educación que quieren para sus hijos por mero voluntarismo ideológico, que sumió en la decadencia a los liceos públicos que gozaban de prestigio, que ha generado déficit en la oferta educacional, que ha convertido el ataque a profesores y estudiantes en una conducta normal en los colegios y que tolera, cuando no alienta, el adoctrinamiento político y la violencia en las aulas y fuera de ellas.
Todo esto mientras quienes nos gobiernan reaccionan con parsimonia, aun cuando son los mismos que se jactaban con soberbia saber qué hacer con nuestro sistema educativo para alcanzar la tan ansiada y vociferada calidad. Eso hasta que llegaron a La Moneda. De ahí en adelante sólo ha quedado demostrada su inoperancia e ineptitud y la responsabilidad que les cabe en el rápido y abismante deterioro de la educación pública.
