Por Jorge Jaraquemada
Mucho tiempo antes del “estallido social” y su tropel de violencia, el país experimentó cambios en el lenguaje político. Aumentó la agresividad en las protestas y se validaron, de modo cada vez más explícito, medios ilegítimos de presión social, como la funa, el hostigamiento y la humillación. Desde el año 2011, las tomas en universidades y liceos comenzaron, súbitamente, a ser democráticas para algunas autoridades educacionales y políticas. Mientras unos dialogaban con sus protagonistas, otros las consideraban democráticas si eran votadas y aprobadas por los estudiantes. Fue el caso de la ministra que hoy tiene a cargo la seguridad pública.
A vista y paciencia de todo el país se intentó quemar a profesores del Instituto Nacional, mientras las tomas feministas del 2018 acallaron toda reflexión crítica en los campus. La consigna era clara: apoyo irrestricto al feminismo radical o cancelación de quienes manifestaran diferencias. Algo similar ocurría con los alumnos que osaban pensar distinto a la ideología tradicionalmente imperante en el campus Gómez Millas. Así también, crímenes terroristas -como el que le costó la vida a Jaime Guzmán– empezaron a llamarse “ajusticiamientos”. Y luego siguieron burlas ignominiosas, como la venta de poleras con su rostro baleado. Denostación que fue celebrada por el actual Presidente, aunque luego pidió disculpas, en un giro que pasaría a ser común denominador de su mandato.
Después del 18 de octubre de 2019 todo se validó. Sí, cualquier medio para expresar malestar era considerado lícito. Se obligaba a bailar ante la turba para pasar y llegar sanos y salvos a nuestras casas, se quemaban iglesias y universidades, y se baleaban comisarías. Se intentó de todo para desestabilizar el país. Y cuando la asamblea constituyente se volvió real, entonces la cara de la izquierda que hoy nos gobierna quedó al descubierto. Esa era su propuesta de nueva normalidad.
A meses de cumplirse cinco años del 18-O, seguimos padeciendo la violencia que estalló aquel viernes y las élites gobernantes siguen entrampadas en los mismos nudos que las paralizaron. Dos ejemplos lo ilustran.
El eufemístico “acampe” en la Universidad de Chile es una muestra simbólica de cómo la violencia despótica y antidemocrática se incrustó en lo más parecido a “la casa de todos”. La ofensiva contra su rectora expresa la misma violencia en la cual quienes gobiernan se cobijaron desde 2011. Pero, además, constata que el feminismo que se tomó esa universidad hace seis años hoy le da la espalda a la mujer que difiere de su causa ideológica.
La coalición gobernante es responsable de incubar, tolerar y luego apoyar esa violencia, que es análoga a la que campeó durante la anomia octubrista y que hoy, lejos de desaparecer, nos muestra que el horizonte del gobierno sigue siendo idéntico, aunque a ratos se esfuerce por parecer moderado.
El otro ejemplo es la desconfianza y distancia entre la ciudadanía y las élites políticas. Es un nudo que esta administración no ha logrado desatar ni siquiera en su propio seno. El juicio al alcalde de Recoleta, por acusaciones tan graves como cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, probablemente reúne, en una sola imagen, todos los reproches que la ciudadanía hacía a la clase política hace cinco años, cuando los que ahora lo apoyan esgrimían la consigna del abuso estructural en nuestro país. ¡Para qué mencionar el vergonzoso “caso convenios”!
A pesar de su deficiente desempeño democrático, el PC es el partido más importante de la coalición. La muestra más reciente es que el Presidente Boric no se atreve a nombrarlo en su tibia y sibilina crítica a quienes apoyan a Rusia frente a la barbarie contra Ucrania; así también lo es el silencio de La Moneda frente a la formalización de Jadue y al apoyo ramplón e incondicional que le brindó el presidente del PC. Ambas señales constatan el poder de los comunistas sobre la conciencia del mandatario.
El PC se ha destacado sobre el Socialismo Democrático en proyecto y en las figuras que lo representan en este gobierno. Ninguna renuncia al programa original de esta administración ha sido resultado de moderación propia o de la influencia de ministros socialistas. El gobierno sólo ha retrocedido luego de estrellarse contra la realidad o la resistencia ciudadana, como lo fue, tempranamente, el notable resultado del plebiscito de 2022.
Nada de esto ha sido al azar. Desde que asumió su segundo mandato, Michelle Bachelet le entregó protagonismo al comunismo nacional, tanto en su representación parlamentaria como en la influencia de sus ideas en la Nueva Mayoría. Los comunistas nunca abandonaron su agenda y, sin embargo, lograron sumar a sus anhelos refundacionales desde la DC hasta el PS.
La violencia política y la desconfianza hacia las élites se arrastran hace años. Penosamente, este gobierno no puede hacer nada para remediarlas, aunque sigan desembarcando figuras de la ex Concertación en La Moneda. Al contrario, esta crisis sólo puede extenderse o agudizarse, pues las autoridades ya no controlan ni una ni otra. La violencia que ayer avalaron hoy los atrapa con sus consecuencias y frente a la corrupción -apoyada por el partido que el Presidente se encarga de victimizar de cuando en cuando- sólo se guarda silencio. Ya no queda épica posible.
