Por Jorge Jaraquemada
Publicado en CNN Chile, 27 de abril de 2023
“Voto que no”. Esta frase, breve y categórica, del senador Jaime Guzmán Errázuriz, fue pronunciada en su discurso del 23 de marzo de 1991 en el Congreso, para manifestar el rechazo de la UDI a la reforma que permitía al presidente de la República indultar a personas condenadas por delitos terroristas. Se negaba a la reforma “porque ella nos parece que envuelve una pésima e incomprensible señal para el país, cuando el recrudecimiento terrorista y de la delincuencia común reclama una actitud particularmente firme y sin equívocos de todas las autoridades públicas ante tan seria amenaza”. Pocos días después, Jaime fue asesinado por el FPMR. Sabemos lo que ocurrió después. Las balas del odio y la intolerancia política que le quitaron la vida no lograron acallar sus ideas. El partido político que fundó ha sido un actor medular en la transición democrática y llegó a ser uno de los más grandes e influyentes del país.
El funeral de Jaime Guzmán fue uno de los actos más multitudinarios de nuestra historia nacional. Congregó la presencia de autoridades y de políticos de diferentes sectores. Juntó a sus compañeros de ruta y a sus adversarios políticos, y también a muchos chilenos que, tal vez ajenos a la política, veían en su asesinato un Chile que no deseaban para sus hijos. Todos ellos, haciéndose eco de las palabras de los múltiples discursos que reconocían la trayectoria de Jaime, nos mostraban un país en vías de reconciliación que destacaba su figura y, a la vez, condenaba enérgicamente la violencia política que cegó su vida.
Sin embargo, hoy ese Chile está lejos. Todos los esfuerzos por marginar la violencia política realizados durante los primeros gobiernos de la Concertación, en los que la UDI colaboró lealmente, han tenido un giro desde el 18 de octubre de 2019 y empeoraron con la llegada de la coalición “Apruebo Dignidad” a La Moneda. Durante las últimas décadas Chile transitó de la rotunda condena a la violencia como medio de acción política a su relativización. Y, en la extrema izquierda, incluso a apoyarla implícita y explícitamente. Los indultos que aprobó el presidente Boric —cuando el año pasado se extinguía— vienen a ser solamente el corolario de una larga historia en que esa izquierda que hoy nos gobierna se ha relacionado ambiguamente con la violencia. En efecto, luego del rechazo que los chilenos manifestaron a la violencia octubrista –cuyo epítome fue el rotundo voto de rechazo en el plebiscito–, el presidente de la República sorpresivamente indultó a personas condenadas por delitos gravísimos cometidos durante los desmanes y tropelías que siguieron a esa fecha aciaga de la historia nacional que pasará a ser el 18 de octubre de 2019. Algunas incluso contaban con un extenso prontuario delictual antes de esta fecha.
De esta manera, el presidente desdeñó la que ha llegado a ser la preocupación más importante de nuestros compatriotas: la inseguridad, la violencia política y delictual. Pero ha ido más allá. No le bastó con indultar a un ex frentista que previamente había recibido un indulto y que luego había sido condenado por nuevos delitos. Su falta de contención lo llevó a contradecir un fallo de la Corte Suprema, declarando inocente a uno de los condenados que indultó, inmiscuyéndose ilegítimamente en las facultades privativas y excluyentes de otro poder del Estado. ¿Y cuál fue su respuesta cuando fue interpelado por este atrevimiento? Al igual que Salvador Allende al enfrentar una situación similar hace 50 años, Boric también dijo que su decisión de indultar la adoptaba en nombre de “la paz social”.
La pregunta que se ha instalado en el país durante estos últimos meses es si acaso el presidente tiene un real compromiso en combatir la violencia política y delictual, más allá de sus palabras rechazando la violencia, sus gestos a las familias de los carabineros que fueron asesinados durante abril y sus anuncios de medidas que -en su mayoría- apuntan a mejorar su propia percepción en la opinión pública, como su llamado a una “tregua” política.
Boric parece no atreverse a zanjar esta grave disyuntiva. En cierta medida es comprensible pues, como suele decirse “su pasado lo condena”. Sus acciones y declaraciones a través de estos años hablan por sí mismas. ¿Cómo se explica –si no– que haya posado sonriente el año 2017 con una polera que mostraba el rostro baleado de Jaime Guzmán? ¿Por qué, en 2017, visitó al frentista Jorge Mateluna y luego pidió entusiastamente su liberación? ¿Cómo se entiende que, el 2018, homenajeara al FPMR en las puertas del Congreso y se comprometiera a defender su legado? ¿Por qué presentó sus respetos a Mauricio Hernández Norambuena, uno de los terroristas condenados por asesinar al senador Guzmán? ¿Por qué en 2018 se reunió secretamente –junto con la diputada Orsini– con Ricardo Palma Salamanca, uno de los terroristas que le disparó a Jaime Guzmán, que fue condenado por su asesinato y que luego se fugó y hoy vive asilado en Francia? ¿Por qué en medio de la violencia octubrista que calificaba de protesta social y desobediencia civil –pero que el país padeció a punta de fuego y saqueos– rechazó penalizar las barricadas? ¿Por qué afirmó textualmente que las “barricadas son legítimas expresiones de resistencia”? ¿Por qué en 2021 votó en contra de la ley que creaba el delito de maltrato a bomberos? ¡Esos mismos bomberos que este verano entregaron sus vidas para detener el fuego cuyo origen intencional el presidente rehuyó reconocer! ¿Por qué al iniciar su gobierno retiró 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado? Y así podríamos seguir, pero la violencia que puso término abrupto a la vida de varios carabineros en pocas semanas es tal vez la muestra más brutal de la inseguridad cotidiana que padece nuestro país.
Puede que el Chile actual sea mucho más diverso y tenga muchas más demandas que antaño, pero si hay algo que anhela toda la sociedad es la paz, el progreso y sobre todo seguridad. Porque vivir en un país inseguro es uno de los males más terribles que se pueden experimentar. Por eso el presidente debiera zanjar su disyuntiva en favor del país y atreverse, clara y categóricamente, a enfrentar esa violencia cotidiana que nos está desgarrando. El momento actual requiere de líderes políticos con carácter para defender nuestra democracia.
