Por Jorge Jaraquemada
Entre todos nuestros problemas se ha consolidado la crisis de seguridad como el más grave. El crimen organizado y la proliferación de armas desafían la convivencia en el marco del Estado de Derecho y de las instituciones que lo sustentan. A la ola de portonazos y asaltos violentos se han sumado casos que han impactado al país, como el horrible asesinato de tres carabineros el día de su aniversario, el crimen contra el teniente venezolano Ronald Ojeda, las armas encontradas en Villa Francia y ahora 19 homicidios en 96 horas, incluidos menores de edad.
No es un secreto que quienes nos gobiernan prepararon su ascenso al poder apoyándose en un relato que desafió nuestra estabilidad bajo el eufemismo de “protesta social”, mientras cínicamente validaban la violencia que buscaba desestabilizar la institucionalidad democrática. Por eso, cada decisión y señal que surja del Presidente es contrastada con el espíritu octubrista que lo inspiró cinco años atrás. El gobierno atraviesa por un momento delicado, donde sus liderazgos, principalmente el Presidente, están a prueba. Pero el mayor problema de La Moneda no está en la oposición sino en la actitud del Partido Comunista.
Desde hace unas semanas, los problemas en la relación entre el PC y el gobierno se atribuyen a diferencias coyunturales y a un déficit de liderazgo del nuevo presidente de ese partido. Sin embargo, este acercamiento al problema es insuficiente. El PC tiene una previa, amplia y desenfadada relación con la violencia, a la vez que un ambiguo compromiso con la democracia, de modo que no debiera sorprender su actual comportamiento. Ilustremos nuestra afirmación. El fallecido expresidente comunista, Guillermo Teillier, en 2013, reconocía en la prensa que en sus años como coordinador de su partido con el FPMR tuvo que tomar decisiones “complicadas” para cumplir sus objetivos. Una de esas fue nada menos que el secuestro de un niño.
Nuestra sociedad nunca reflexionó ni debatió lo suficiente sobre aquel hecho puntual ni sobre cuáles son los medios válidos de la acción política. De hecho, el PC fue invitado a ser parte del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet sin que a nadie le pareciera que su relación con la violencia merecía una reflexión más acabada. Esa falta de reflexión permitió a las viejas y nuevas generaciones comunistas mantener, cada tanto, un discurso desapegado de cualquier compromiso básico con la democracia.
Así ha quedado demostrado con sus apoyos explícitos a diversas dictaduras comunistas en el orbe o, de manera más doméstica, con el obsecuente trato que brindó a Erick Honecker cuando arribó a nuestro país después de haber sido defenestrado del poder con la caída del Muro de Berlín. Más estrechos aún han sido sus vínculos con la dictadura de los Castro en Cuba, lo cual va más allá de la ideología, pues es sabido que en la isla encontraron refugio los asesinos del senador Jaime Guzmán.
Hoy, con un nuevo presidente, el PC ha osado llamar “montaje” a una operación policial encabezada por un poder de Estado sin tener ningún antecedente para justificar sus palabras, ha tratado de debilitar al Ministerio Público y al Poder Judicial tildando de persecución política el juicio contra el alcalde Jadue y ni decir de su lealtad a la dictadura de Nicolás Maduro que, cuando se ha puesto a prueba, ha primado respecto de la que tienen con el gobierno chileno. Estas declaraciones y actitudes no son ajenas al espíritu comunista que, cuando se siente atacado, es capaz de despreciar la democracia e intentar socavarla ocupando cualquier medio que le resulte útil, incluso la violencia.
Hasta ahora las respuestas del Ejecutivo y del Mandatario al PC no han sido suficientemente categóricas. Al contrario, resultan sutiles, en exceso delicadas, como si se quisiera evitar cualquier aspereza. De qué otro modo se puede interpretar la frase de la ministra Tohá cuando señaló -precisamente en respuesta a Carmona por el allanamiento en Villa Francia y las armas incautadas- que “en democracia no está permitido usar armas de fuego para expresar ideas”. Esta frase no sólo revela condescendencia con el PC, sino que pone en duda la ilegitimidad permanente de la violencia como medio de acción política.
Se dice que el silencio de los ministros comunistas revela distancia con la directiva de su partido. En verdad su silencio muestra su respeto por la jerarquía y las tradiciones comunistas. Además, es meramente táctico, pues no afirma ni desmiente los pronunciamientos de su presidente. Y, sobre todo, no borra ni una página de la historia del partido. Historia que comprende un amplio apoyo a regímenes y prácticas no democráticas que son anteriores al actual presidente del partido y estructurales al PC.
La única forma de salir de la espiral de violencia que amenaza nuestra democracia es dar todas las pruebas necesarias para condenarla y fortalecer nuestras instituciones. En esa tarea, el gobierno y el PC no están de acuerdo, pero quien está llamado a liderarla y tiene la última palabra es el Presidente.
