Se ha sostenido en el debate público que sería necesario un tipo de representación de los llamados “grupos políticamente excluidos”, que consideran a las mujeres –cuotas de paridad de género— y a los pueblos originarios. La justificación a esto se basa en una supuesta marginación histórica de los intereses estos grupos de las esferas de tomas de decisiones, además del supuesto de que la única forma de representar efectivamente dichos intereses sería a través de la pertenencia a dichos grupos. Actualmente, uno los casos más discutidos, por su especial significación histórica, es el de las cuotas para los pueblos originarios. Junto con ello, se ha discutido acerca de los mecanismos para garantizar esa representación. Recientemente, ha avanzado en su discusión el proyecto de reforma constitucional que establece escaños adicionales en la Convención Constitucional para población indígena.
Acá abordaremos algunos detalles del proyecto y algunas consideraciones que, a nuestro juicio, implican complejidades y distorsiones al sistema liberal-democrático.
