A propósito del proyecto de ley que, entre otros aspectos, prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, un grupo de parlamentarios presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Este acto motivó una sentencia sorprendente. El hecho de que la subvención escolar sea un aporte del Estado justificaría una doble exigencia para los colegios: por un lado, constituirse como organizaciones sin fines de lucro; y además, tener prohibido el uso de recursos en fines no expresamente previstos por la ley. La vulneración del principio de autonomía de los cuerpos intermedios salta a la vista, haciendo inminente el atropello a la libertad de todos los chilenos.
