Por Bárbara Bayolo
El pasado 1 de julio se hizo efectivo el alza en las cuentas de la electricidad, generando grandes incertidumbres respecto a su magnitud. Ante las presiones de distintos sectores, como también de la población, el Gobierno anunció ese mismo día la presentación de un proyecto de ley que pretende triplicar la cobertura del subsidio actual.
Sin embargo, una de las discusiones que ha generado mayor atención ha sido respecto a las fuentes de financiamiento de la ampliación del subsidio, principalmente debido a las diferencias existentes en los cálculos de la recaudación adicional de IVA asociado al alza de las tarifas. El Gobierno contabiliza $95.000 millones durante el 2025, mientras que los expertos prevén entre US$10 a 12 millones al mes por IVA a clientes regulados.
Otra ha sido el aumento temporal al impuesto al carbono propuesto, pues en Chile tenemos experiencia de sobra en medidas “temporales” que se vuelven permanentes por la falta de decisión política cuando llega el momento de finalizarlas.
Ante un tema tan sensible y que afecta directamente el bolsillo de los chilenos, prometer soluciones sin tener claridad en las cifras a recaudar es irresponsable. Es necesario que el gobierno entregue el desglose de los cálculos y se aclaren las diferencias, antes de aventurarnos en medidas que pueden terminar agravando la situación actual.
