La Fundación Jaime Guzmán participó en la redacción de un documento sobre legalidad de contrataciones en el sector público. El objetivo del texto es servir de insumo para que Contraloría emita un pronunciamiento respecto de la legalidad de las contrataciones de la administración anterior.
“Solicito se determine si se encuentra debidamente fundamentado, tal como lo exige el ordenamiento jurídico, el cambio de modalidad de contratación –ya que la modalidad a contrata tiene un régimen de trabajo diferente a la modalidad a honorarios- y si se ha velado por el uso eficiente de los recursos fiscales. Y, en caso de haber ilegalidad o contravención al ordenamiento jurídico en dichas contrataciones, tomar las medidas necesarias conducentes a remedias dicha ilegalidad”, indica la presentación según consigna El Mercurio.
