Por Daniela Carrasco
Publicado en La Gaceta, 16 de enero de 2022
Durante la próxima semana, el Senado deberá discutir nuevas indicaciones al proyecto de ley sobre el indulto a los mal llamados «presos políticos». Esta es una demanda que ha sido empujada por el sector político de Gabriel Boric, quien asumirá la presidencia chilena el próximo 11 de marzo. Sin embargo, esta medida pone en aprietos el disfraz de demócrata de Boric que utilizó en el periodo de las elecciones presidenciales.
En el contexto de la revuelta del 18-O, distintos actores de las izquierdas comenzaron a levantar con gran fuerza la bandera de liberar a los «presos políticos» de la revuelta y de la insurrección de La Araucanía. Según estas voces, aquellos que están condenados o procesados lo están por sesgos políticos. Sin embargo, la realidad es que estos lo están por portar bombas molotov o similares, por incendiar el metro de Santiago -más de veinte estaciones quedaron completamente inutilizables en el periodo del 18-O-, por amagos a otros inmuebles, saqueos y hasta intentos de homicidios.
A pesar de lo anterior, las izquierdas radicales e insurreccionales, independiente de si están en el sistema de partidos o son extrainstitucionales, han instalado el relato de que esas expresiones son formas de hacer una lucha al sistema político, el que buscan refundar con gran entusiasmo. Por ello, justifican que estas acciones no serían delitos sino más bien praxis políticas. Serían expresiones de lucha contra el «neoliberalismo».
Gabriel Boric, del partido Convergencia Social que pertenece al Frente Amplio, llamó explícitamente a la desobediencia civil en las revueltas del 2019. Sin embargo, al verse inesperadamente envuelto en la carrera presidencial, Boric moderó su discurso. Y es necesario remarcar que fue algo «inesperado» porque, de todos los rostros políticos jóvenes que surgieron gracias a las revueltas estudiantiles del 2011 -entre ellos Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Karol Cariola, etc.-, Boric es el único que alcanzaba los 35 años para las últimas elecciones presidenciales y, por lo tanto, la única carta presidenciable pero no por eso el «mejor» de ellos.
Sin embargo, pareciera que atrás quedaron esos días en los cuales Boric, en su calidad de diputado, levantaba sonrientemente la polera con el rostro del exsenador Jaime Guzmán -asesinado por el grupo terrorista FPMR- ensangrentado por una bala; o aquellos días en los que alababa al Frente Autónomo -otro grupo terrorista- fuera del Congreso. O incluso, esos días que iba a visitar secretamente al asesino de Guzmán en Francia, sin notificar al mismo Congreso.
Pareciera que también quedaron atrás esos días en los que Boric pedía perdón cuando era descubierto por sus constantes coqueteos con la violencia. Pero solo «pareciera», porque es probable que esta tónica del «perdón» pueda seguir continuando.
Pues, durante la próxima semana, el Senado chileno discutirá las indicaciones a la Ley de Indulto General que busca liberar a los presos en el contexto del 18-O y la insurrección desatada en la Macrozona Sur por la «causa mapuche».
Si bien, el frenteamplista se maquilló de moderado y hasta de demócrata en el balotaje, señalando que no indultaría a personas que quemaron, por ejemplo, iglesias, tiene presiones que no se pueden ignorar. El Partido Comunista -que se ha encargado de resaltar que es el partido más grande de la coalición del próximo gobierno- justamente ha presionado para que se avance en esta materia.
Además, Giorgio Jackson, coordinador político y mano derecha de Boric, también ha sido activo en empujar que esta moción se apruebe. Tras la victoria presidencial de Boric el pasado 19 de diciembre, Jackson señaló que aquellas querellas interpuestas por la Ley de Seguridad del Estado serán «retiradas en el minuto que Gabriel asuma como presidente, es un compromiso».
Jackson probablemente tendrá un rol protagónico en el futuro gabinete, y su postura sobre los «presos políticos» ha sido respaldado por rostros del Partido Comunista chileno.
Esta situación «parece» poner en una nueva encrucijada democrática al presidente electo, caracterizado por sus volteretas, pues si bien en la campaña de segunda vuelta advirtió que no indultaría a personas inculpadas por delitos graves, hoy vuelve -por presiones o convicción propia- a relativizar esas acciones al mostrarse dispuesto a indultarlos, chocando con las facultades de otro poder (judicial) del Estado.
Pero ahora “parece” que se está dando otra voltereta en esta materia, pues Boric señaló el pasado lunes 10 de enero que hace «un llamado enfático a los senadores a que esto [la ley de indulto] se resuelva en el mes de enero, esto no puede seguir esperando. Nosotros como gobierno nos comprometemos a abrir un diálogo que sea amplio…». O también cuando recibió en «La Moneda chica«, el pasado viernes 14 de enero, a miembros de la «Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta» para dar una pronta «solución». Tras esta reunión, una de sus vocerías sostuvo que tanto Boric como Jackson se ·comprometieron en la reunión crear una mesa de trabajo y coordinar la aprobación de la ley».
Hay que tener en cuenta que la discusión en particular de esta iniciativa se desarrollará durante la próxima semana en la comisión de Constitución del Senado. En caso de ratificarse pasaría a Sala, su última instancia, pero se prevé que en esa etapa no lograría los votos. Es decir, el proyecto tiene altas posibilidades de rechazarse y si esto ocurriese, la ley de Indulto General sería archivada, por lo tanto, no puede volver a presentarse esta discusión dentro de un año.
En definitiva, Boric ya ha estado dando sus primeras señales políticas las que se caracterizan por su inconsistencia e innumerables contradicciones. Mientras busca dar certezas en algún aspecto en concreto, en otro rápidamente cambia de postura. Esto devela su poca fuerza -o la facilidad con la que puede ser manejado por otros actores- lo que nos adelanta el tono que tendrá su presidencia.
