Fuente: Diario Financiero
“Ingresar una nueva Constitución, a toda costa, los últimos días, no lo encuentro una buena idea”, dice el abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, Héctor Mery, al comentar la decisión del gobierno de impulsar antes del 11 de marzo próximo y en los descuentos del mandato de Michelle Bachelet el texto de una nueva carta fundamental.
A juicio de quien integró en 2016 el Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) del proceso constituyente – junto a más de una decena de personalidades de todo el espectro político y social chileno-, la determinación de avanzar en un nuevo texto “no se condice con los pasos que dio el Ejecutivo en estos últimos cuatro años”.
Ello, porque en el marco del envío de la reforma al Capítulo XV en abril de 2017 –cuyo avance fue casi nulo- se habilitaba al Congreso a convocar una convención constitucional, lo que suponía un cambio en el diseño original planteado por la misma mandataria en 2015 y donde se fijaba que sería el Parlamento –constituido a partir de marzo de 2018- el que definiera, entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el gobierno y las formas de aprobación de la nueva Constitución.
“Todos somos libres de pensar lo que queramos pero uno espera de un gobierno, propuesta una metodología, que esta sea respetada y no que sea una promesa de difícil cumplimiento transmisible al gobierno siguiente, que puede tener su propia idea constitucional y de hecho la tiene”, sentencia el abogado, cuyo nombre también suena para integrar el futuro ministerio de Justicia.
