El Presidente de la Fundación Jaime Guzmán, Jovino Novoa, realizó esta mañana una conferencia de prensa, para manifestar sus críticas y rechazo a el proyecto de ley, que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, que pretende derogar la ley antiterrorista que rige hasta ahora en nuestro país.
Les dejamos la declaración pública que se informó.
DECLARACIÓN PÚBLICA
La opinión pública ha recibido con perplejidad las expresiones del diputado socialista Marcelo Schilling -vertidas en una entrevista a CNN Chile- en las cuales propicia firmemente la derogación de la Ley Antiterrorista debido a su supuesta ineficacia. El parlamentario estimó oportuno ejemplificar su argumentación negando el carácter terrorista del asesinato del senador Jaime Guzmán ocurrido en 1991, así como los atentados que estremecieron a toda la humanidad el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, y los actos perpetrados el 11 de marzo del 2004 en la estación de trenes Atocha de Madrid.
Estas expresiones revisten especial gravedad, particularmente porque provienen de quien en el pasado desempeñó funciones en el aparato de seguridad pública del Estado y hoy cumple tareas en la formación de la ley.
En efecto, los comentarios y respuestas del congresista, revelan una total indiferencia ante el terrorismo, en esencia contrario a los derechos humanos, repudiado por tratados internacionales suscritos por Chile que se encuentran vigentes y que tanto daño ha causado a personas inocentes en la sociedad moderna. Argumentar que el terrorismo sólo puede ser ejercido por la acción del Estado y de sus agentes es una equivocación conceptual mayúscula, pues el terrorismo tiene como objetivo precisamente subvertir el orden social que deben custodiar los Estados. Hay aquí una evidente confusión entre terrorismo y violación de derechos humanos. Éstos últimos efectivamente sólo pueden ser violentados por el Estado, pero el terrorismo se dirige precisamente contra éste y contra la sociedad para causar temor y alterar, por medio de la violencia, el Estado de Derecho.
Pero su argumentación es también una ostensible minimización de este mal que ha agraviado y puesto en jaque a la democracia y a las libertades civiles durante largas décadas. Es por ese preciso motivo que los Estados han optado por defender a la sociedad sancionando el terrorismo en sus ordenamientos jurídicos internos. Para ello han descrito conductas ilícitas de especial gravedad que tienen el potencial de causar un justificado temor en la población o en un sector de ella de ser víctima de la acción violenta de personas o grupos, sea que éstos se amparen o intenten justificarse en razones ideológicas o de otro tipo.
Es particularmente grave que se proponga excluir de nuestro ordenamiento jurídico la figura del delito terrorista en momentos en que recrudecen en el país acciones claramente destinadas a alterar el ordenamiento social mediante la violencia o a crear temor en la población o causar daño indiscriminado a personas o a la propiedad, conductas ellas claramente terroristas.
Ni el anarquismo ni la supuesta reivindicación de derechos de los pueblos originarios pueden justificar los actos terroristas. Como tampoco la ineficacia del Estado para garantizar la seguridad de la población ante estos atentados terroristas puede justificar la derogación de una ley.
