Por Daniela Carrasco
Publicado en La Gaceta, 17 de marzo de 2022
Durante la tarde del martes 15 de marzo, aproximadamente a las 19 horas local, el Pleno de la Convención Constitucional chilena aprobó en particular el aborto libre, sin fecha límite de gestación, para la propuesta de la nueva Carta Magna. Asimismo, ratificó la Educación Sexual Integral (ESI), a pesar de que ambas iniciativas fueron rechazadas en el Congreso previamente. Así, es dable constatar que la izquierda no se cansa de impulsar iniciativas que vulneren la dignidad humana, en especial de aquellos más indefensos: los que están por nacer y los niños.
El proceso constituyente chileno no ha dejado a nadie indiferente, ya sea por el nivel de radicalidad de las iniciativas, de los engaños de algunos convencionales, o de la deconstrucción de los simbolismos (como los convencionales que usan disfraces de Pikachú y de dinosaurio; que en las discusiones constitucionales se desnuden personas en estado de éxtasis; o que, en vez de dar un discurso oral, canten canciones antisistema con guitarras).
Hasta el mes de enero no se escribió ni discutió ningún solo artículo. Es decir, durante los primeros seis meses de ejercicio, los convencionales se dedicaron a dar declaraciones de índole política (como liberar a los mal llamados “presos políticos de la revuelta”), a solicitar aumento de asignaciones, querer modificar el quórum de votación de los 2/3, o a tener numerosas rencillas entre ellos a propósito de graves escándalos (como la disolución de la Lista del Pueblo y el descubrimiento del fraude del exconvencional Rodrigo Rojas Vade).
Sin embargo, se estableció que, hasta finales de enero, los convencionales podían ingresar iniciativas para que, luego, fueran remitidas a las comisiones respectivas, las que son discutidas en general y en particular. Luego, se resuelve un informe que es presentado al Pleno, el que debe votar las mociones también en dos instancias (general y particular).
En este contexto, distintas iniciativas que ingresaron en enero, ya están siendo —por fin— discutidas. Este fue el caso del primer informe de la comisión de Derechos Fundamentales, sobre un artículo que garantiza, eufemísticamente, la “interrupción voluntaria del embarazo”, es decir, el asesinato del niño que está por nacer. Esta iniciativa fue votada en general la semana pasada, aprobándose 15 de 50 artículos. Los que se aprobaron, fueron votados en particular el pasado miércoles 15 de marzo, mientras que los 36 rechazados regresaron a la comisión para su revisión.
El primer inciso de este artículo establece que todas las personas son titulares de derecho y que toda persona tiene derecho a “decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo y el ejercicio de la sexualidad”. Obtuvo 113 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones.
El segundo inciso trata sobre “derechos sexuales”, que implica al aborto, sin límite de fecha de gestación, siendo la normativa más flexible a nivel mundial. Esta iniciativa obtuvo 108 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones.
Asimismo, se aprobó en particular la Educación Sexual Integral (ESI), que “promueva el disfrute pleno y libre sexualidad”, normativa que ha demostrado ser sumamente perjudicial para los menores de edad, como ha demostrado el caso argentino o canadiense.
Tras estas votaciones, las feministas chilenas celebraron fervientemente con sus pañuelos verdes abortistas e, incluso, un colectivo hizo una clase de “¿Cómo abortar con pastillas?” a las afueras del órgano constitucional.
Así, la izquierda no teme ocultar cómo impulsan la cultura de la muerte, que desconoce toda dignidad humana. ¿Por qué? Porque son firmemente anti-humanistas, no creen en la existencia de la persona humana. Al contrario, como suelen decir distintas teóricas feministas, solo somos “cuerpos hablantes” porque es en el cuerpo donde se inscribe y enuncia la disputa política. Por eso suelen decir que el aborto es un tema de “salud pública”, lo que les permite evadir la discusión sobre el valor de la persona humana.
Igualmente, no temen adoctrinar a los menores de edad con la ideología de género, en vez de enseñar sobre sexualidad con fundamentos científicos, generando así una tremenda vulnerabilidad a la dignidad de los niños y adolescentes.
Pero estos tópicos no son los únicos preocupantes. Pues, la Convención ha aprobado el pluralismo jurídico indígena (lo que permite que cada pueblo indígena tenga su propia legislación, violando que la ley sea pareja para todos), el autonomismo regional, y que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural. En cambio, ha rechazado el derecho a la vida (cuando fue presentado como principio fundamental), el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos (lo que abre numerosos escenarios, donde existe la posibilidad que se imponga un solo currículo educativo), o el derecho de propiedad, libertad de emprender y regulación de expropiación.
No cabe duda que el proceso constituyente chileno ha demostrado la real cara de las izquierdas, pues busca subvertir todo lo que entendemos por bueno y verdadero. No obstante, esta situación no debería sorprendernos, ya que fue impulsado por la insurrección desatada en las revueltas del 18 de octubre de 2019.
Pero con todo, y con un nuevo gobierno en el poder, resulta imperativo no olvidar el ánimo ficticio con el que se gesta el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, en noviembre de 2019. El ahora exgobierno de Piñera señaló en su momento que el proceso constituyente lograría construir una casa común para todos los chilenos. Esta desafortunada idea puede develar ingenuidad, buenismo o incluso una actitud timorata, lo dejo a juicio del lector. Pero, si consideramos -a modo de constatación, que entre las razones que gestan dicho acuerdo estaba la amenaza de una corrida bancaria debido a la violencia, así como que una vez firmado el pacto las izquierdas volvieron a sus trincheras y siguieron aprobando la violencia, trataron de destituir a ministros y al propio Presidente- en lo que podemos estar de acuerdo es que no se está construyendo un país basado en un bien común, pues no hay unidad ni una gramática común. Solo se ha profundizado los antagonismos instalados el 18-O. La promesa de paz no se cumplió y nadie se hace responsable aún.
A estas alturas, es casi inevitable la destrucción y deconstrucción del Chile que conocemos. País que, a pesar de sus grises en la época de la Guerra Fría, logró levantar una institucionalidad robusta que implementó los pilares del progreso alcanzado, como también el reconocimiento irrestricto de la dignidad humana. Lo único que puede detener el caos instalado es que los chilenos rechacen este texto constitucional en el plebiscito de salida. En caso contrario, aquellos que aprueben la nueva Carta Magna deberían quedarse en Chile a vivir los lineamientos del progresismo, de ese Chile plurinacional, feminista con enfoque de género y pluralismo jurídico, aun cuando sus postgrados en Europa tengan que esperar.
