Por Daniela Carrasco
Publicado en La Gaceta de la Iberosfera, 06 de mayo de 2022
No cabe duda de que el proceso constituyente chileno ha tomado banderas radicales. Se han aprobado artículos que debilitan la independencia del Poder Judicial, la propiedad privada, el necesario contrapeso entre el parlamento y el presidente, otros que -desde un indigenismo extremo- dividirán más al país y acumularán incertidumbre a la vez que ahuyentarán las inversiones.
Lo mismo ocurre con el sesgado ‘enfoque de género’ y el obeso rol que se le pretende otorgar al Estado. Ideas que se han aprobado y plasmado en el texto constitucional, que votarán los chilenos el próximo 4 de septiembre. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, no deja de sorprender lo que siguen aprobando. Pues, el 4 de mayo, la Convención Constitucional chilena aprobó en el Pleno el último inciso sobre el artículo que trata de “Derechos sexuales y reproductivos”, que considera la “interrupción voluntaria del embarazo”.
En marzo pasado, la Convención Constitucional aprobó el artículo sobre “derechos sexuales y reproductivos” que incluía el aborto como principio constitucional. No obstante, para ese entonces, no se especificó límite alguno lo que abría la posibilidad de abortar en cualquier momento del embarazo.
Sin embargo, el pasado miércoles, con 111 votos a favor, 34 en contra y 6 abstenciones, se aprobó que “El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos”.
Empero, que la “ley regule estos derechos” implica que serán los burócratas de turno quienes decidirán a qué semana de vida deben morir los nonatos. Por otro lado, es un error creer que regular es lo mismo que limitar, por lo que significa una trampa discursiva. En cambio, se rechazaron indicaciones como la objeción de conciencia de un médico o institución de salud.
Además, se aprobó otro inciso sobre el artículo de “Educación Sexual Integral” (ESI, que fue aprobada hace unas semanas). Se agregó que “todas las personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, enfocada en el placer; la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual». Es decir, se busca hipersexualizar a los niños y jóvenes en edad escolar, al recibir una educación ideologizada sobre la sexualidad alejada de todo enfoque biológico y científico.
Los movimientos feministas y de género en Chile han logrado instalarse con mucha fuerza desde 2018. Ese año explotó dicho movimiento en las aulas universitarias, siendo aceptado por la ciudadanía rápidamente. Así, los pañuelos morados para denunciar la violencia de “género” y los pañuelos verdes aborteros inundan cada marcha feminista y las redes sociales de sus adherentes. Hoy, son parte del “starter pack” si una joven desea ingresar a dichas colectividades.
A finales del 2017, el saliente gobierno de Bachelet aprobó el aborto en 3 causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo producto de una violación. Para aquella ocasión, numerosas voces sostuvieron que era innecesario aprobar una medida así, en especial para las dos primeras causales, ya que es un deber médico resguardar la vida de la madre a pesar de que alguna acción derive con la muerte indeseada del embrión o feto. Es lo que se conoce como el “enfoque del doble efecto”.
Por otro lado, la tercera causal sobre violación se impone como una medida arbitraria, pues no se castiga la acción ni al que comete el crimen, es decir, no se persigue al violador. Más bien, se da fin a una vida indefensa que no tiene culpa de su origen. Por tanto, se decide qué vidas son dignas de vivir y cuáles no. Hoy, se conocen numerosos testimonios de personas que pudieron morir por esta causal y hoy agradecen vivir, a pesar del doloroso y desgarrador origen de su vida.
Claramente las tres causales nunca fueron suficientes para los movimientos feministas y de género. En julio de 2018, en Argentina se comenzaron a realizar marchas por un “aborto legal, seguro y gratuito”, que inundaban las calles con su pañoleta verde abortera, la que rápidamente cruzó la cordillera de los Andes y llegó a Chile. Desde ese entonces, se ha perseguido la agenda de que no sea necesaria ninguna causal para abortar, olvidando que por más legal que esto sea, provocar la muerte jamás será algo deseable.
No obstante, para poder entender por qué los feminismos apoyan la agenda de la muerte es necesario aproximarse a sus influjos teóricos. Michel Foucault en Las palabras y las cosas (1968) anuncia la muerte del hombre, imponiendo una mirada antihumanista. Con el borrado de la persona humana, se abre la posibilidad de ignorar una cualidad intrínseca de cada persona: la dignidad.
Por ello, cuando los feminismos hablan de aborto, no entran en la discusión de si el feto o el embrión tiene vida y dignidad, pues de plano ignoran la noción la persona humana. Es por esto que los feminismos post-identitarios y queer, que tienen una fuerte presencia en Chile, hablan de “cuerpos hablantes”, como señala el español ‘transgénero’ Paul B. Preciado.
Dado lo anterior, las feministas sostienen que “Mi cuerpo, mi decisión”, porque se han alejado de toda naturaleza humana y ven al cuerpo como el territorio de la disputa política. Es donde se resistiría a la norma heterosexual, es donde se enuncia y performa la resistencia. Por ello, el aborto es un acto político que implicaría derrocar al manoseado “patriarcado”.
Con todo lo señalado, el 30 de noviembre de 2021 la Cámara de Diputados chilena rechazó el proyecto que permite el aborto sin causales. De igual manera, se rechazó la ESI en octubre de 2020, pues no alcanzó el quórum de los 4/7. Ambos proyectos fueron archivados, lo que significa que no pueden volver a discutirse en el Congreso por un año
No obstante, con un proceso constituyente en curso, que se ha declarado abiertamente feminista y que quiere instalar la ideología de género como principio constitucional, las izquierdas insisten en ingresar estas nocivas iniciativas, sea como sea.
No hay que olvidar que hablar de “derechos sexuales y reproductivos” no es más que un eufemismo para referirse a asesinar al bebé que está por nacer, sin la necesidad de causal. Suelen sostener que es una necesidad de “salud pública”, sin embargo, Chile ha sido pionero en esta materia, pues ha tenido la tasa más baja de mortalidad materna (considerando, incluso, a aquellos países que cuentan con el aborto).
Además, hemos visto la experiencia comparada de los resultados de la ESI. Ezequiel Baigorria, psicólogo argentino experto en abuso infantil, ha concientizado en Latinoamérica (incluyendo Chile) sobre las amenazas que implica aprobar la ESI.
Sostiene que la bibliografía para la formación docente en esta materia, proporcionada por el Estado argentino, fomenta hablar de masturbación con niños entre 2 a 9 años como una forma “saludable de ejercer y explorar la sexualidad”. Mientras que con preadolescentes de 10-14 años, se puede hablar de los juegos presexuales y sexuales.
Baigorria afirma que la ESI es una herramienta de transmisión ideológica, porque concibe a la escuela como un ámbito de resistencia; ataca a la familia y a la libertad religiosa.
En rigor, la ESI instala la ideología de género como método para adoctrinar y sexualizar a los escolares, y no previene enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente o el abuso sexual infantil, como suelen decir sus adherentes.
En definitiva, la Convención Constitucional ha quedado atrapada en un espiral caducante. Por ello, se ha observado un aumento sostenido a la opción “Rechazo” la nueva Constitución.
Según la encuesta Criteria, un 57% desaprueba la labor de la Convención Constitucional (+6 puntos). Igualmente, señala que un 39% de los chilenos rechazará en septiembre, versus un 31% que aprobará el nuevo texto constitucional. Estos datos no son menores, y en gran medida se explican por la radicalidad decepcionante de los artículos plasmados en el texto.
