Por Jorge Jaraquemada
Publicado en El Mercurio, 29 de mayo de 2023
El domingo el expresidente Ricardo Lagos señaló que “las credenciales democráticas de Allende no están en cuestión”. Disiento. Una cosa es que accediera democráticamente al poder y otra cómo lo ejerció. En los albores de este año, señalé que la legitimidad -sí, legitimidad- de la intervención militar del 11 de septiembre de 1973 se basó precisamente en que su gobierno atropelló las instituciones democráticas hasta devenir en ilegítimo. Mis dichos ameritaron una apresurada declaración de la Mesa Nacional del PS considerándolos “inaceptables y sumamente peligrosos para la convivencia nacional”.
No solo se trata, como manifestó el expresidente, que “seguramente había gente que hacía locuras”. Eso sucede en cualquier época y en cualquier gobierno. Tampoco fueron situaciones aisladas. Lo significativo y realmente peligroso, fue que el gobierno de Allende recurrió permanentemente a subterfugios para eludir el estado de derecho, se atribuyó facultades de otros poderes, permitió el surgimiento de poderes paralelos que usurpaban potestades de otros órganos, amparó la violencia, llegando a escoltarse por un grupo de civiles armados. En fin, la infracción sistemática de la Constitución y las leyes, y el intento de someter a las personas a un estricto control político y económico colocaron su gobierno al margen de la democracia, deviniendo en un poder ilegítimo que arrastraba al país a la guerra civil o al control totalitario.
Entiendo que las diversas izquierdas ven en la figura de Allende un ícono intocable, pero como figura política no puede quedar ajena al escrutinio público. Eso sí que sería inaceptable.
