Por Hernán Larraín F.
La Tercera, 2 de octubre 2024.
Se atribuye a Séneca decir que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Parafraseando, podríamos decir que si la administración de justicia entra en crisis y la sociedad no la corrige oportunamente, habrá injusticia.
Todavía más. En vísperas de un nuevo 18-O, cabe recordar que cuando una sociedad no advierte los gérmenes del descontento social, pueden producirse explosiones de difícil contención.
En la Justicia hay ingredientes potentes que recogen un creciente malestar. Las reformas introducidas al sistema penal no han logrado los objetivos perseguidos y piden con vehemencia evaluación y revisión. La crítica ciudadana a los procesos civiles por su demora, alto costo y escepticismo en sus logros, acumula desazón por la indefensión resultante.
La gente considera no tener acceso a la justicia, pues no halla respuesta satisfactoria del sistema a sus derechos en conflicto y cree que ello no es prioritario para las autoridades.
La creciente desconfianza se fortalece en casos recientes de connotación pública (Audio, acusaciones constitucionales a ministros de la Corte Suprema), por graves cargos de corrupción que se investigan pero que impactan la legitimidad del Poder Judicial.
Este panorama -en medio de una crisis de la seguridad pública- posee potencial detonante y exige reformas en todos los planos mencionados, empezando por el gobierno judicial. Ello, porque afecta a nuestro máximo tribunal, jaqueado en su autoridad ética.
En la raíz de esta arista está la concentración en la Corte Suprema de funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales, modelo que no convive con la realidad actual. Su función se ve distorsionada pues debe intervenir en asuntos políticos y administrativos. Es lo primero que se debe terminar, asignándole un nuevo rol en la alicaída tarea jurisprudencial.
Luego, es perentorio modificar los mecanismos de nombramientos judiciales, donde recaen las sospechas. Exceptuado el caso de los ministros de dicha corte, procede excluir la injerencia del Ejecutivo y de las cortes (Suprema y de Apelaciones) en esta labor, como algo esencial para asegurar la independencia judicial, interna y externa, o los vicios persistirán.
Hay alternativas. Una es la que crea el Consejo de la Justicia, propuesta por los gremios de jueces o la Convención Constitucional de 2022, que existe en distinto modo en Europa y América Latina. Este modelo ha sido cuestionado porque politiza o corporativiza la judicatura, y burocratiza su funcionamiento.
La opción apunta a un modelo desconcentrado, con órganos autónomos que se ocupan en forma separada de las tareas no jurisdiccionales. En cuanto a las designaciones, propone una comisión resolutiva, integrada de un modo que asegure su actuar libre de toda injerencia. Existe en esta línea una reforma presentada en 2021 por el Presidente Piñera, una similar elaborada por la Comisión Experta en 2023 y algunas propuestas académicas, como la de profesores de Derecho UC, que integro.
¿Dejaremos en el olvido al filósofo romano que sostiene que en lo tardío está la injusticia? O lo ocurrido hace cinco años, cuando preguntábamos ¿cómo no nos dimos cuenta?
