Acabado el plazo para la dictación del último reglamento que hará operativa la ley que crea un sistema de financiamiento para tratamiento de alto costo (“Ley Ricarte Soto”), aún no se conoce su contenido. Aunque la inspiración de la iniciativa es correcta, todavía hay muchas dudas sobre la real posibilidad de aplicación. El desconocimiento de las enfermedades que podría cubrir –todas ellas de costos muy variables– hace muy difícil estimar el número de personas beneficiadas y los montos totales involucrados. Estas y otras dudas razonables de su articulado permiten presumir un alto grado de improvisación y demagogia.
