La insistencia del Gobierno actual en promover el levantamiento del secreto bancario amparado en la supuesta necesidad de flexibilizar la institución para poder tener un mayor y mejor acceso a la información despierta una serie de interrogantes que no podemos desatender: ¿es necesario flexibilizar el secreto bancario? ¿Por qué queremos debilitar la protección de la vida privada? ¿Qué ocurre con los demás derechos fundamentales? Y es que una de las variables que el Ejecutivo insiste en omitir es que, mediante políticas como la comentada, el debilitamiento de la protección de los derechos fundamentales es una consecuencia per se y, por lo demás, una muy preocupante.
