Una de las herramientas establecidas en la Carta Magna para fiscalizar al Ejecutivo es la Acusación Constitucional, que establece que la causa por la cual se puede acusar a los ministros es el notable abandono de deberes. No obstante, desde el inicio del actual gobierno del presidente Piñera, se han presentado nueve acusaciones a autoridades, pasando por alto el espíritu de este instrumento, pues la oposición la ha utilizado de manera irresponsable, arguyendo razones políticas en desmedro de las jurídicas, sumando cada líbelo a las acciones del parlamentarismo de facto que se ha desarrollado en Chile de un tiempo a esta parte.
