Detrás de la llamada “ola feminista” que se ha tomado el debate público estas últimas semanas (movido por el arrojo de algunos y debilidad de otros), hay una discusión tan relevante como antigua: ¿Son medios de presión legítimos las tomas? O Incluso si obviamos que este tipo de actos son llevados por antonomasia por minorías ¿aun así podrían legitimarse por mayorías democráticas?
Una cuestión que es esencial para definir la legitimidad de toda acción política son los medios que se sus actores utilizan. No da lo mismo el “cómo”. Y el no cuestionarse eso estos últimos años ha hecho que, casi sin darnos cuenta, consideremos como normal que haya universidades en toma, colegios en paro, y “funas” a determinadas maneras de pensar. No da lo mismo la violencia política, existe una amplia experiencia sobre las consecuencias que acarrea normalizarla.
Yendo al fondo del asunto, la irrupción en cualquier propiedad y su toma por la fuerza es un acto evidentemente ilegal y violento, que atropella los derechos de los demás. Eso no es algo “votable”, es decir, por definición es antidemocrático. Detrás de discursos reivindicadores adornados, que se pretenden mayoría (aunque no dejan de ser elitistas gran parte de sus demandas), se esconden actitudes profundamente fascistas: “o estás con nosotros en todas, o estás contra nosotros”. “Apoyas la toma, o eres un machista opresor”. Así se va consolidando un proceso de censura que busca atemorizar y arrinconar al que piensa distinto, o incluso al que estando de acuerdo con algunas demandas no avala la violencia como método. Esto llega a tal punto, que en la reciente toma de la UC sus instigadores impedían el acceso, incluso de alimentos, para las personas que alojaban en la parte de la Casa Central que no estaba tomada.
Todo esto no debiese ser sorpresa, sabiendo quién está detrás. Que la toma de la UC haya sido visitada por Beatriz Sánchez, que la mayoría de las Federaciones de la CONFECH estén controladas por el Frente Amplio; no son casualidad ni coincidencia. El llamado de alerta es que hay una intención de hacer cotidianas conductas que no son normales, sino violentas, sin importar la causa de turno. Es que la importancia de una demanda no faculta para desnudarse, para violentar, censurar o “funar”. La democracia no puede seguir siendo una herramienta para ejercer impunemente la violencia. El 2011 ya vivimos un proceso similar, por eso, es el gobierno y las autoridades de las casas de estudio quienes debiesen dar una señal que ponga límite a los márgenes de la acción política.
Nuestra sociedad debe avanzar en reconocer y valorar más a la mujer, y ningún acoso ni violencia contra ellas puede seguir siendo tolerado. Pero el paradigma de una lucha opresora entre hombre y mujer es algo que no podemos permitir que se instale, porque es falso y nocivo. ¿Hay aprovechamiento político de causas justas entonces? En efecto.
Por ello es que lo que más preocupa son los errores no forzados que cometen las autoridades, las que, a juicio propio, no han sabido lidiar con este tema. A nivel nacional, el Presidente Piñera cede parte de su agenda a un tema que no solo divide a su sector, sino que jamás formó parte de sus propuestas. Así también, el rector de la PUC Ignacio Sánchez, parece no considerar que la señal que dio al llegar a un acuerdo bajo la amenaza de la toma de casa central fue el haber legitimado a un grupo minoritario y violento. ¿Debemos deducir entonces que cada vez que se tomen la UC la regla será negociar?
Por todo lo anterior, es que el llamado debiese ser a que aquellas personas -en especial quienes lideran o ejercen cargos- que creen en el sano debate, la libertad y en la democracia, alcen la voz. Sus compañeros esperan de ellos mucho más, porque sus Federaciones simplemente miran para otro lado. Porque es falso que defender una causa implique necesariamente justificar la violencia y el atropello a la comunidad. Porque es mentira que una mayoría simbólica, una falsa mayoría, pueda legitimar la violencia. Porque, a fin de cuentas, las formas SÍ importan.
