La propuesta original del Gobierno para establecer normas que permitan el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria era extremadamente impertinente, colisionaba con la privacidad económica y vulneraba el debido proceso, entregando a la exclusiva discrecionalidad de una autoridad administrativa la decisión sobre la oportunidad y justificación de levantar el secreto bancario de cualquier contribuyente. Durante la tramitación legislativa esta iniciativa ha sido morigerada en aras de asegurar un proceso más justo y racional. No obstante, los resguardos aún parecen insuficientes. Sería conveniente que el SII estuviera obligado a fundar sus solicitudes ante los jueces para levantar un secreto bancario, así como que también éstos estuvieran obligados a fundar sus resoluciones.
