Se asoma marzo y, junto con el temor de que la violencia recrudezca a los niveles alcanzados en octubre, se retoma la actividad legislativa en el Congreso Nacional. Ya que diversas organizaciones han notificado a la población que luego de un “merecido” descanso volverán las manifestaciones -o más bien los enfrentamientos violentos-, el gobierno debiera hacer uso de las urgencias legislativas para apurar la aprobación de la llamada agenda de seguridad, en especial el proyecto antiencapuchados y aquel que permite a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica sin necesidad de decretar estado de emergencia.
Junto con ello se debe avanzar en las iniciativas que promueven la necesaria modernización de las policías y de la inteligencia nacional, ambas instituciones que han quedado al debe en el resguardo del orden público frente a las graves agresiones que ha sufrido nuestra democracia.
En el plano de las urgencias sociales, se requiere una rápida aprobación del ingreso mínimo garantizado, la reforma previsional y la reforma a Fonasa, iniciativas que vienen a satisfacer -en parte- las principales demandas que legítimamente ha pedido gran parte de la población -mejores sueldos, mejores pensiones y mejor salud pública-, y que nada tienen que ver con la violencia que quemó 83 estaciones de metro.
