La crisis de violencia iniciada hace ya cuatro meses puso de relieve no sólo el interés de ciertos sectores extremos por liderar la agenda política a través de la fuerza, sino también un genuino malestar de la población respecto a situaciones que los aquejan día a día, como lo son la mala atención de la salud pública y las bajas pensiones. Al respecto, resulta poco comprensible el ensoñamiento ideológico de ciertos sectores de la oposición en ambas materias, anteponiendo sus consignas a la evidencia y al efectivo mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Así como en relación a la salud pública pareciera ser más relevante que el prestador del servicio sea una entidad estatal que una atención oportuna que salve vidas, en la discusión previsional se ha privilegiado el debate acerca del “ente” que administrará la cotización adicional, o la modificación total del sistema -transitando hacia uno público y de reparto-, por sobre un análisis de las verdaderas causas de las bajas pensiones, y cómo hacer para mejorarlas.
Consecuencia de ello, el análisis de la Reforma Previsional que realizó la Cámara de Diputados estuvo marcado por la repetición de consignas que desafían la evidencia, además de una excesiva obnubilación por el Estado como gran solución a los problemas previsionales.
En primer lugar, la creación del ente estatal (CASS o futura Agencia) que administrará en forma exclusiva el 6% adicional de cotización, no contribuye al mejoramiento de las pensiones, sino que exclusivamente aumenta la burocracia respecto a la previsión social. Es más, implica el pago de una nueva comisión para los afiliados y restringe severamente la libertad de los afiliados de elegir quien le administra su fondo de pensiones. Por su parte, el crear un componente de reparto intergeneracional o, como propone la izquierda más extrema, refundar el sistema previsional para volver a uno 100% de reparto, además de ser regresivo, desafía la evidencia demográfica de nuestro país. Si en la actualidad hay 4 trabajadores activos por cada jubilado, en 30 años más habrá solo 2 trabajadores activos por cada jubilado. Además, que la cotización no vaya a cuentas individuales hace que esta deje de ser heredable; disminuye las pensiones de los futuros jubilados; genera un impacto negativo en el mercado del trabajo -ya que esta cotización se asimila a un impuesto-; e incentiva la informalidad laboral. En cuanto a su forma de financiamiento, se grava a cerca de 5,2 millones de cotizantes, que en su mayoría son trabajadores dependientes con un sueldo líquido promedio cercano a los $ 800.000 (más de la mitad recibe menos de $ 500.000 al mes.). Sus cotizaciones mejorarán pensiones de actuales y futuros jubilados, pobres y ricos. En definitiva, es un impuesto a la clase media.
En función de ello, es de esperar que el Senado, en específico la Comisión de Trabajo, pueda hacer un análisis de fondo del por qué las pensiones son bajas, y proponer medidas concretar para solucionar aquello -que no pasan por robustecer el Estado-, no solo para el corto plazo, sino que también para el futuro, con proposiciones que sean sustentables y financieramente sostenibles en el tiempo. Específicamente, hacen falta en el proyecto mecanismos que eviten las lagunas previsionales, aumentando la densidad de cotizaciones, así como que se aborde la edad de jubilación, relativamente baja en nuestro país si nos comparamos con otras naciones OCDE.
