Una de las primeras obligaciones de la autoridad es velar por las condiciones que permitan a las personas vivir en paz, y un requisito indispensable para ello es que exista orden público. Esa es la razón de ser de que el Estado monopolice la fuerza. La consecuencia natural de esto es la Paz social, y el instrumento idóneo para mantenerla es el Derecho Penal. Por lo tanto, es útil para la vida en sociedad la tipificación de determinadas conductas que atentan contra ella, la armonía social y la paz. En ese sentido, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración a la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia (la denominada “Ley antisaqueos”) es un paso en la dirección correcta, considerando el ambiente de violencia reinante y las innumerables consecuencias que ha tenido para la vida de las personas.
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