A continuación, expondremos los beneficios que reciben o han recibido los beneficiarios de las Leyes Valech y las razones que justifican el no continuar adelante con la vista de la iniciativa.
Mirada Política
Si bien el proyecto tiene aspectos positivos que buscan proteger al consumidor, existen otros altamente negativos que afectan la calidad del servicio y la inversión en el sector sanitario.
Resulta preocupante que se intente forzar a las instituciones a realizar abortos, por el mero hecho de ejercer un derecho garantizado por la Constitución.
El aumento del déficit estructural tiene una significativa importancia en la calificación de riesgo para nuestro país. Recordemos que a mediados de 2017, la agencia S&P rebajó nuestra calificación por primera vez en 25 años, debido al deterioro de las finanzas públicas.
Los fenómenos migratorios son hechos complejos. Esto se debe a que abarcan un sin número de factores que obligan tanto al Estado como a la legislación a ir actualizándose constantemente.
Resulta imprescindible determinar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan, entendiendo que la situación de violencia que se vive en la Araucanía hace ya 20 años es realmente insostenible.
Finalmente, el pasado jueves 8 de marzo del presente año, se firmó el TPP-11 en Santiago de Chile. A continuación, expondremos sus principales características y beneficios para nuestro país.
El presente documento, que analiza el estado del proyecto luego de su trámite en la Cámara, busca dar cuenta de las discusiones más importantes y los efectos jurídicos –muchos de ellos problemáticos a nuestro juicio- de perseverar con una legislación como la propuesta.
El presente documento tiene por analizar el resultado de las elecciones parlamentarias 2017, determinar cuáles fueron los partidos y los conglomerados políticos que obtuvieron una derrota y cuáles son aquellos que quedaron una posición política desmejorada respecto del Congreso Actual.
La experiencia ha demostrado que en el nombramiento para el cargo de notario hay poca transparencia. Diversas investigaciones han evidenciado las practicas que realizan los postulantes para obtener el favor de los Ministros de las Cortes de Apelaciones, y así poder formar parte de las ternas que son presentadas al Ministro de Justicia, quien elige al abogado que ocupará el cargo.
Resulta contraproducente que después de más de un año desde el anuncio de la creación de la Comisión Asesora, y de diez meses desde que ésta entregara sus conclusiones a la presidenta, recién se haya presentado un proyecto a treinta días de la elección, y sin ningún tipo de urgencia, lo cual demuestra un desinterés de tramitar el proyecto y de simplemente causar un efecto político.
La experiencia indica que cuando el Estado se hace parte de actividades comerciales dónde ya hay presencia del sector privado no agrega mayor valor a la competencia. Es más, puede desincentivar esta, al existir la potencialidad de la competencia desleal, debido a la posibilidad casi infinita de capitalización con que cuentan las empresas públicas.
El Gobierno de Michelle Bachelet se transformó en el primero, desde que se inició la transición, en tener más de un Ministro de Hacienda (Alberto Arenas, Rodrigo Valdés, Nicolás Eyzaguirre) reflejando –de este modo- un claro desorden en el manejo de las finanzas públicas, el cual ha derivado en cifras de crecimiento extremadamente bajas.
Se debe recalcar que la Comisión Internacional Revisora del Censo del año 2012, compuesta por tres expertos independientes, señaló expresamente que los datos contenidos en aquel proceso era útiles como insumo para el desarrollo y elaboración de políticas públicas, aun cuando el proceso censal adoleciera de errores. Debido a aquello, resulta cuestionable el haber realizado un nuevo Censo que, a pesar de ser abreviado, implicó un costo altísimo para el Estado.
Más allá del proyecto de ley en concreto, el cual no precisa la extensión de cómo debiera ejercerse dicha facultad, subsiste un problema referido al derecho de las personas a mantener bajo reserva ciertos antecedentes que aportaron con el objeto único de obtener una calificación jurídica tendiente a ser sujeto de beneficios en sedes de ley de reparación.