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El Estado tiene un rol en la economía nacional y, más concretamente, en la realización de tareas necesarias para el bien común que revierten un cierto carácter económico: la minería, la salud, la educación, etc. Lamentablemente, la izquierda progresista ha logrado reducir el principio de subsidiariedad exclusivamente a esta dimensión, utilizándolo como “chivo expiatorio” para explicar las deficiencias estatales en lo que refiere a los llamados derechos sociales.

Del trabajo de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional surgen normas que nutrirán algunos de sus más importantes capítulos: el de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el de Buen Gobierno y Función Pública, el de Participación Democrática y el de Principios Constitucionales.

Lamentablemente, en su trabajo se manifestaron los mismos vicios que en el resto de la Convención: el ánimo refundacional, la soberbia y el desprecio por las recomendaciones de los expertos fueron caldo de cultivo para construir un régimen político que es un verdadero experimento institucional, con evidentes desequilibrios en la distribución del poder.

Sobre el capítulo de derechos fundamentales descansa gran parte de las expectativas de la ciudadanía en lo que respecta al proyecto de nueva constitución. Sin embargo, un análisis pausado del articulado aprobado por la Convención permite afirmar con precisión que esas expectativas no han sido correspondidas.

Si existía un aspecto muy claro, era que el desafío de la Convención Constitucional en la materia era proponer una forma de Estado capaz de resolver el problema de la descentralización. Sin embargo, el borrador ha utilizado este fundamento como justificación para experimentar fórmulas administrativas que se alejan diametralmente de la tradición jurídica de Chile y que, por otro lado, dan origen a una serie de otros problemas.

El peligro que implica la transgresión del principio de igualdad ante la ley y no discriminación para nuestro sistema institucional es inmenso. Las personas ya no serán consideradas por la legislación y los órganos estatales como iguales, sino que ciertas circunstancias particulares entrarán a actuar en favor de algunos chilenos contra otros, lo cual no solo generará altos niveles de incerteza jurídica, sino que además es algo inaceptable dentro de una institucionalidad democrática y de los estándares internacionales actuales.