El Tribunal Constitucional dictó sentencia respecto al proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria, lo que permite al gobierno promulgar la iniciativa.
Esta normativa permitirá adaptar a nuestro país a los requerimientos de Basilea III, que elevó los estándares internacionales de solvencia y liquidez para las empresas bancarias.
Además, las competencias de la actual Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras serán traspasadas a la Comisión para el Mercado Financiero, convergiendo hacia un modelo de supervisión integrado.
Estas finalidades son ampliamente compartidas. Sin embargo, del contenido del proyecto, el que más discusión generó fue aquel incorporado por el gobierno anterior en medio de la tramitación legislativa: el debilitamiento de la figura del secreto y reserva bancaria.
Si bien durante el análisis de la iniciativa en el Senado se llegó a un acuerdo para morigerar los efectos negativos de la flexibilización del secreto bancario aprobado por la Cámara, aun se mantenían dudas de su constitucionalidad.
Esto fue zanjado por el TC, que declaró inconstitucionales la omisión de notificación por parte del SII al titular de la cuenta, aun cuando la información que se requiera sea urgente o pueda dañar el curso de una investigación y la facultad del SII para requerir a determinadas entidades información sobre remesas desde y hacia al exterior por un monto igual o superior a los US$10.000 sin autorización judicial.
Las razones fueron claras: Las normas aprobadas por el Congreso no respetaban el debido proceso garantizado por el artículo 19 Nº3 de la Carta Fundamental, al impedir la defensa jurídica del contribuyente, ya que no sería emplazado del requerimiento de información dispuesto en su contra. Asimismo, al debilitar el secreto bancario se atentaba con la protección de la vida privada y los datos personales que garantiza el artículo 19 Nº4.
De esta forma, el texto que será promulgado permitirá actualizar nuestra legislación bancaria a los estándares internacionales mínimos que se exigen para una economía abierta como la chilena.
Asimismo, respecto al secreto y reserva bancaria, se mantendrán los estándares actuales de protección de la vida privada y los datos personales respecto a las transacciones bancarias, respetando los preceptos constitucionales, tal como se solicitó durante la tramitación legislativa por un importante número de parlamentarios de Chile Vamos.
