Recientemente se ha aprobado la llamada Ley de Lobby. De su articulado se desprende que la posibilidad de concurrir ante la autoridad pública y manifestar opiniones sobre una decisión adoptada o en vías de dictarse –ya sea actuando por cuenta propia o representando intereses ajenos–tiene justificación constitucional desde el ejercicio legítimo de las libertades de opinión, derecho de petición, derecho de asociarse, libertad económica y prohibición de discriminaciones arbitrarias.
