¿Requiere nuestro país un Defensor del Pueblo? La sola idea de incorporar esta institución escandinava sugiere cierto desamparo ante los actos de la administración pública. Los particulares afectados no están suficientemente amparados en sus derechos y el recurso de protección, aunque eficaz y expedito, no es el procedimiento adecuado. Pero, más que un Ombudsman, nuestro país necesita tribunales contencioso-administrativos para resolver esas disputas. Contar con un Defensor puede ser una segunda mejor alternativa, pero precisando que su estricto ámbito de competencia debiera ser la protección ante eventuales abusos de poder de los órganos de la administración del Estado.
