Bien es sabido que la migración es un asunto delicado. Una alternativa sería promover una “política de puertas abiertas”, sin hacernos cargo de la cuestión de fondo. Muchos son los extranjeros que vienen al país en busca de más y mejores oportunidades, pero para no aniquilar sus sueños, debemos tomar el toro por las astas y promover una migración segura, ordenada y regular. Esto no significa cerrar las fronteras, sino que, por el contrario, involucra proteger a los migrantes, que a diario se ven enfrentados a situaciones inaceptables como la precariedad laboral, habitacional y la trata de personas.
Durante el gobierno de Michelle Bachelet, se descuidó bastante el tema migratorio. Prueba de ello fue el escaso avance que tuvo el proyecto sobre Migraciones presentado en 2013 por la Administración del Presidente Piñera.
Actualmente, la futura ley está en su Segundo Trámite en el Senado y que vea la luz pronto es imprescindible. No cabe duda de que el aumento de la migración es un fenómeno mundial, que afecta a diversas naciones. Por ejemplo, según datos del Ministerio del Interior, Perú ha experimentado un incremento de migrantes del 191% medido entre los años 2014 a 2017 (130.329 a 249.389). En los Estados Unidos el alza ha sido del 150% (12.799 a 19.191). La situación en Chile no es muy distinta. De acuerdo a cifras que maneja el INE, hacia 2014 los migrantes representaban el 2,3% (411 mil) del total poblacional y, en 2018, aumentaron al 6,6% (1.251.225).
La nueva ley viene a modernizar una legislación anticuada. Tan es así, que el principal instrumento regulatorio que hoy nos rige es el DL N° 1.094 de 1975 que, dicho sea de paso, tiene una serie de deficiencias. Una de ellas, es la ausencia total de principios rectores, derechos y deberes. El proyecto reconoce expresamente los derechos y deberes de los migrantes y, además, incorpora máximas relevantes como el respeto al interés superior del niño y el derecho a un procedimiento migratorio informado.
La débil institucionalidad migratoria es otro problema. El proyecto, propone la creación de un Consejo de Política Migratoria y el Servicio Nacional de Migrantes. Estas medidas son sumamente positivas pues, por un lado, es menester tener una política de Estado respecto de la Migración y, por otro, es imperioso desconcentrar la enorme cantidad de tareas que hoy debe asumir el Departamento de Extranjería.
Otro aspecto importante es el acceso a la salud, la educación, la Seguridad Social y otros beneficios de cargo fiscal. En esto hay que ser cuidadosos puesto que, si bien es justo que no existan diferencias entre chilenos y extranjeros en el goce de los derechos fundamentales, no es menos relevante que el legislador considere y lleve adelante los planes de acción adecuados para evitar que las familias chilenas queden privadas de acceder a servicios básicos, sea por colapso, sea por no haberse tomado medidas apropiadas.
Cuando gobernó Michelle Bachelet no pudo o no quiso hacerse cargo del problema. Es más, empeoró la situación, con medidas como la visa temporaria por motivos laborales, que permitió a los turistas el cambio de visado para trabajar en el país. Esto desencadenó una migración descontrolada, que no hizo otra cosa que perjudicar tanto a chilenos como a extranjeros.
En definitiva, debemos trabajar en una legislación que proteja y respete los derechos fundamentales tanto de nacionales como de migrantes. La izquierda chilena y mundial no ha podido responder a este desafío. Veremos si ahora contribuyen a una migración segura, ordenada y regular.
