En el contexto de una serie de reformas políticas el gobierno pretende constituir a los partidos en personas jurídicas de derecho público. Con ello se pretendería, entre otros objetivos, eliminar los riesgos del financiamiento privado de las colectividades. Sin embargo, el peligro podría ser mucho mayor: una verdadera estatización de la política, amagando de paso la libertad de asociación, derecho esencial de toda democracia.
