La alta tasa de incumplimiento de pensiones de alimentos es vergonzosa para un país como el nuestro, que reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, un espacio del cual se derivan muchos de los derechos que valoramos en la actualidad y sin los cuales la vida en sociedad no podría concebirse.
La amenaza del núcleo familiar debe ser defendida por el estado en su rol subsidiario, defendida de manera férrea pero también inteligente. Nuestras instituciones y nuestra legislación deben ser constantemente evaluadas y perfeccionadas hasta recuperar niveles tolerables en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones de todo tipo de los padres para con sus hijos.
Un estado que cree en la dignidad debe ser capaz de imponer su autoridad para defender la integridad de todas las personas, en especial de quienes más lo necesitan, como es el caso de adultos mayores, familiares con discapacidad y los niños, el caso tal vez más en consideración a que nuestro país adscrito a la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
Creemos que las iniciativas legislativas que se tramitan actualmente en el Congreso apuntan en un sentido correcto pero no son suficientes para alcanzar un sistema pleno de cumplimiento de pensiones de alimentos. Es fundamental que el procedimiento de alimentos se modifique para avanzar hacia un sistema más expedito, con menos injerencias del alimentario y con más iniciativa de los organismos públicos.
