Hace unas semanas, el gobierno presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que regula las plataformas de transporte -el cual se había comenzado a discutir el 2016-, con el fin de solucionar los diferentes conflictos que se originaron entre conductores de la plataforma Uber -principalmente- y los taxistas tradicionales.
Esta indicación cambia solo algunos puntos, pero muy relevantes, al proyecto original, ya que se mantiene la idea de que las empresas de plataformas de transporte (EAT) se constituyan como tal en Chile, teniendo que pagar impuestos. Además, deberán entregar información al Ministerio de Transportes en relación a tarifas y viajes y contar con ciertos seguros para los usuarios, entre otras normativas.
Los principales cambios en relación al proyecto del gobierno anterior, apuntan a la eliminación del límite que se establecía respecto a cantidad de automóviles que podrían circular por cada plataforma de transporte.
Esta era una medida sumamente perjudicial, ya que, además de reducir sustancialmente la oferta y, por ende, la competencia en el sistema, no se hacía cargo de que muchos conductores de las plataformas trabajan de manera esporádica, y llegan a lugares en horarios donde mayormente no llegan los taxis, o tienen un bajo flujo. Adicionalmente, no se establecerán tarifas reguladas, por lo que estas podrán ser fijadas con libertad.
El grueso de las indicaciones son positivas, ya que permitirán fomentar la competencia en el transporte menor de pasajeros, hoy puesta en jaque por el monopolio de los taxistas y, además, satisfacer los intereses de los consumidores, que han preferido estas plataformas, ya sea por sus convenientes tarifas, como por la información que entregan al usuario.
No obstante, el requerimiento de una licencia profesional clase A1 para los conductores de las futuras EAT se constituye en una medida excesiva, considerando la gran cantidad de tiempo que demanda el cumplir con dicha exigencia y el poco beneficio que otorga en cuanto a seguridad al volante. Ello limitaría la existencia de conductores dispuestos a ser parte de las plataformas, ya que muchos de ellos, como se mencionó, trabajan dos o tres horas diarias, no justificándose el costo en tiempo y dinero de la exigencia. Surge como alternativa una licencia intermedia entre la B y la A1, que permita cumplir con los estándares de seguridad.
En definitiva, el proyecto busca generar igualdad de condiciones para terminar con los conflictos e incertidumbres entre los taxistas y las EAT, además de incentivar un mecanismo competitivo para este sistema de transportes, que beneficie directamente al usuario, y no a un grupo de presión, como ocurre hoy.
Esperamos que durante su discusión se estudie con mayor profundidad la medida respecto a la licencia de conducir y que se busque otra alternativa que no sea nociva para el normal funcionamiento y acceso de conductores esporádicos a las plataformas digitales, garantizando, en todo momento, el libre acceso a este mercado.
