Señor Director:
Las campañas por el plebiscito han puesto de manifiesto que en Chile la libertad de expresión es simplemente teórica. Hace pocos días, en la comuna de San Bernardo, dirigentes de la campaña por el Rechazo se aprestabam a realizar un acto familiar en la plaza de armas de la comuna: ni siquiera pudieron instalar sus equipos. Fueron víctimas de un ataque por parte de grupos organizados opositores que los esperaban ¿El resultado? Un herido grave por apuñalamiento.
También hace unos días, grupos del Rechazo intentaron hacer campaña en La Pintana y sufrieron el ataque de quienes se sienten dueños de los espacios públicos. Todo ello, sin hablar de las cientas de infracciones a las normas de propaganda electoral de la campaña del Apruebo, sin consecuencia alguna, mientras los grupos del Rechazo son advertidos por pegar stickers en un paradero.
Razonablemente, por el miedo impuesto por ciertos matones, hay quienes prefieren no arriesgar su integridad física y deciden no participar.
¿Quién debe arbitrar la campaña por el plebiscito? ¿Hay alguna autoridad competente que permita libertad de expresión efectiva y resguarde el derecho a hacer campaña que tienen los grupos por el Rechazo? Acá se ve, nuevamente, esa división entre el ciudadano de a pie y la clase política, desconectada: unos intentando honestamente participar del debate y hacer campaña, y otros, haciendo vista gorda de la situación, que -saben- los favorece en sus intereses.
En fin, no hay orden ni menos garantías para una campaña justa entre las opciones del plebiscito. Sin esa garantía, se hace ilusorio no sólo la libertad de expresión, sino la realización misma del plebiscito. Es hora de que las autoridades actúen.
