Luego del descalabro institucional y el vórtice de violencia callejera de octubre de 2019, quedó en evidencia la fragilidad de la infraestructura estratégica nacional, a propósito de los ataques que sufrieron el metro de Santiago y otros servicios. Si bien hubo una considerable esquivez –que no temor— en hacer cumplir la ley por parte de la autoridad, también se manifestó una carencia en los mecanismos de protección de los servicios esenciales para el funcionamiento normal del país.
Estos hechos han justificado introducir en el ordenamiento jurídico una figura nueva que dé protección de estos servicios, que dé continuidad al desarrollo normal de las actividades esenciales del Estado y sea garantía de seguridad y estabilidad para los chilenos.
