Se discute actualmente en el Congreso la declaración de nulidad – insaneable, dicen – de la Ley N° 20.657, que modificó la Ley de Pesca. Nos encontramos ante una iniciativa que, al margen de los mecanismos de control de constitucionalidad radicados en el Tribunal Constitucional, busca anular la actual ley de pesca, enjuiciada como aprobada fraudulentamente, y hacer una nueva ley. En el siguiente número nos esforzamos por mostrar que aquello no es jurídicamente posible para el legislador chileno. Las vías para enmendar un problema como el planteado son las previstas en la institucionalidad y no otras. El planteamiento de la hipótesis y sus soluciones posibles, por lo tanto, no está en el sano sentimiento de justicia ni en la opinión.
