La Ley de Presupuesto tiene por objetivo delimitar, año a año, el gasto público. Desde el punto de vista normativo, su aprobación debe ceñirse al principio de legalidad presupuestaria establecido en la Constitución, en virtud del cual todo gasto fiscal debe ser aprobado por ley. Sin embargo, diversas normas legales han otorgado cierta unilateralidad al Ejecutivo para decidir sobre la materia. En concreto, es posible modificar y reasignar gasto sin necesidad de aprobación legal ni conocimiento por parte del Congreso Nacional. Lo anterior, a nuestro juicio, genera espacios para una excesiva flexibilidad presupuestaria que, entre otras cosas, pone en peligro la credibilidad de nuestra política de superávit estructural.
