Por Bárbara Bayolo
Publicado en El Mercurio, 29 de julio de 2022
Hace unos días el ministro Marcel adelantó que la reforma previsional incluirá un nuevo componente colectivo de un 6% de cotización adicional con cargo al empleador y será administrado por una entidad pública. De este porcentaje adicional, al menos un 3% se destinará a capitalización, pero no individual, sino colectiva, y el resto será para reparto inmediato pagando pensiones actuales. En estas circunstancias, es simple concluir que esta cotización adicional no será propiedad de cada trabajador ni tampoco será heredable.
También preocupa que radicando su administración exclusivamente en un ente público se eliminará por completo la libertad de elección que hoy tienen las personas para decidir quién administra sus ahorros.
En diversas encuestas los chilenos han manifestado claramente la importancia que asignan a la propiedad y heredabilidad de sus fondos de pensiones. Un 64% quiere que la cotización adicional vaya exclusivamente a su cuenta individual, y un 26%, que se divida entre su cuenta y un fondo común. Solo un 10% acepta que se destine totalmente a un fondo común (Criteria, mayo de 2022).
Es decir, una mayoría contundente rechaza que sean destinados a un fondo común estatal para pagar las pensiones de todos, y una mayoría similar quiere elegir quién los administra. Sin embargo, el Gobierno decidió hacer oídos sordos frente a esta opinión ciudadana mayoritaria y optó -ideológicamente- por la «capitalización colectiva» que, si bien implica inversión, ya no será individual y menos heredable.
