Por Bárbara Bayolo
Publicado en La Tercera, 6 de diciembre de 2022
En la discusión de la reforma tributaria, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la desintegración y la creación del impuesto al diferimiento de impuestos finales.
Insistentemente se preguntó a la subsecretaria de Hacienda sobre los efectos que esto generaría en el mercado de capitales. La respuesta fue que incentivaría la inversión real y, por consiguiente, aumentaría la productividad. Estas afirmaciones distan radicalmente de la alerta levantada por expertos que advierten el riesgo de que este impuesto sea un golpe directo al ahorro y a la inversión, pues disminuye las fuentes de financiamiento de una serie de proyectos y, además, elimina la posibilidad -contemplada en un principio- de utilizarse como crédito contra el impuesto patrimonial.
Tanto el FMI como el Banco Mundial han afirmado que Chile sería el único país de la región que no crecerá el 2023. ¿Por qué cambiar las reglas de un sistema tributario -que durante 30 años ha funcionado- justo cuando el riesgo de recesión es tan inminente?
A un país sin crecimiento, inversión ni ahorro, y con la incertidumbre de su futuro tributario y constitucional, le resulta bastante difícil alcanzar una meta de recaudación como la que esta reforma se ha autoimpuesto.
