Por Jorge Jaraquemada
Nuestro sistema político está dañado desde hace tiempo y necesita ser reformado con urgencia. Llevamos más de una década discutiendo sobre pensiones y lo mismo ha ocurrido en salud. La crisis de seguridad también manifiesta la dificultad de lograr consensos técnicos e implementarlos en decisiones políticas. Esto genera frustración en la ciudadanía que espera soluciones concretas a problemas que se vuelven cada vez más apremiantes.
Esta situación se explica por la extrema atomización del sistema de partidos que permitió la reforma electoral de 2015 y que ha facilitado la aparición de actores populistas que, luego de ser electos con escaso apoyo popular, devienen en caudillos. En consonancia, se agudiza el desprestigio del Congreso y el surgimiento amorfo de voces que solo aportan a la radicalización y proliferación de ofertas poco responsables y técnicamente inviables, y al letargo en la tramitación de proyectos de ley. Sobre todo, perjudica a los partidos políticos tradicionales, tanto porque dejan de atender su rol de representar y canalizar las demandas ciudadanas, como también por el debilitamiento que implica que un parlamentario electo con el apoyo de una estructura partidaria luego se transforme en un díscolo que abandona su militancia y que transa su voto legislativo en aras de su propio y particular interés.
En la línea opuesta, se necesita un Congreso que genere condiciones para que primen la moderación y la sensatez, esenciales para lograr buenos y sólidos consensos políticos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Previamente es indispensable incentivar y fortalecer la disciplina parlamentaria. Y si bien este diagnóstico no es inédito, el avance de problemas acuciantes -que arrollan la tranquilidad cotidiana de la ciudadanía- lo vuelve cada día más urgente. Además, no es conveniente dejar esta tarea pendiente para que sea debatida por los incumbentes en las elecciones de 2025.
Mejorar el sistema político requiere de una reforma que sea capaz de quitar espacio a los actores y partidos bisagras. Esto implica desde evaluar el funcionamiento de las urgencias legislativas hasta el tamaño y número de representantes de los distritos electorales, y colocar umbrales de elección más exigentes. La gobernabilidad del Congreso es condición necesaria para aumentar la confianza institucional y cumplir con eficacia su deber de plantear soluciones a los principales nudos que agobian la vida de los chilenos.
