Hace unos meses se aprobó la ley que tiene por objeto reglamentar el lobby. La pregunta esencial a responder a la hora de reglamentar el lobby es simple: para qué sirve éste, y qué buscan los que acuden a él. Si consideramos que dicha modificación está puesta en impedir situaciones o influencias irregulares, y evitar la opacidad en lo público y lo privado, en resguardo de la probidad, nos parece que la publicidad de agendas de los que deciden los asuntos públicos, independiente de que los que piden audiencias estén incorporados a un registro estatal, puede contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones.
