Chile es un Estado Democrático de Derecho y tal condición se ha buscado mantener, al menos en el papel, en la redacción del nuevo texto constitucional. De hecho, en el artículo 1 del primer informe de la Comisión Principios Constitucionales, se consagra este principio de gobernanza por el cual todas las personas e instituciones tanto privadas como públicas, como el Estado, se encuentran sometidas a las leyes, que se aplican igualitariamente, y su poder tiene como límite el pleno respeto a los derechos fundamentales. No obstante, el resto del articulado contiene varias normas que, lamentablemente, apuntan en otra dirección.
[…] El peligro que implica la transgresión del principio de igualdad ante la ley y no discriminación para nuestro sistema institucional es inmenso. Las personas ya no serán consideradas por la legislación y los órganos estatales como iguales, sino que ciertas circunstancias particulares entrarán a actuar en favor de algunos chilenos contra otros, lo cual no solo generará altos niveles de incerteza jurídica, sino que además es algo inaceptable dentro de una institucionalidad democrática y de los estándares internacionales actuales.
A continuación se enuncian 5 normas de la propuesta de nueva constitución que ejemplifican las circunstancias antes mencionadas y que ponen en riesgo la convivencia pacífica y la unidad de nuestro país.
