Por María Ignacia Navarro
Publicado en Diario Financiero, 5 de octubre de 2022
Llama la atención, sobre todo considerando la Agenda Pro-Inversión lanzada por el Gobierno hace unas semanas, que se insista en el componente ad valorem en la discusión del proyecto de Royalty Minero, así como también impedir la deducción de la depreciación y amortización de la base imponible.
Esto significa pasar por alto la realidad de la industria -condiciones de yacimientos, leyes minerales decrecientes y mayores costos asociados- y alejarse del fin recaudatorio del proyecto de ley, ya que en el largo plazo se estaría castigando a la industria -sector clave para el desarrollo del país- lo que implicará menor inversión, producción y, por tanto, menor recaudación fiscal.
La búsqueda de una mayor contribución de la minería al país no debería provocar que Chile pierda inversores y competitividad. Deben buscarse formas que equilibren la recaudación y la competitividad que Chile necesita, generar incentivos, dar certeza y sobre todo asegurar la inversión minera que será fundamental para que Chile siga siendo referente mundial en las transformaciones que se vienen.