Por Teresita Santa Cruz
Publicado en Diario Financiero, 28 de abril de 2022
Bajo el eslogan de «Sistema de Salud Universal» el Gobierno y la Convención Constitucional intentan impulsar, una vez más, una agenda en que prima la ideología por sobre la salud de las personas. Nuevamente nos enfrentamos al dilema de «bajar de los patines» a quienes pueden acceder un servicio de mejor calidad, en lugar de abordar las falencias del sistema público de salud, y que afectan a más de 14 millones de personas.
Un futuro incierto para los prestadores privados, sumado a un fondo único administrado por el Estado financiado con impuestos generales y cotizaciones obligatorias, y a la ausencia de una transición adecuada para que este nuevo seguro único absorba la demanda de tres millones de nuevos afiliados, hacen recordar las palabras de la ministra de Salud, quien señaló que su sueño era «que no haya salud ni para ricos, ni para pobres».
Bajo el modelo propuesto por su cartera, efectivamente existirán dos clases de salud: la de quienes pueden acceder a seguros complementarios por sobre sus cotizaciones obligatorias, y la de quienes se vean obligados a acceder a un sistema administrado por el Estado, con todos los vicios e ineficiencias que hoy conocemos.
