El nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) ha generado gran debate debido a que diversas instituciones de educación superior (IES), no están conformes con la obligación de financiar, a través de créditos y becas propias, la diferencia entre el arancel regulado -que financiaría el Estado- y el arancel real para los alumnos del 60% más vulnerable. Otro punto en el que presentan su discrepancia, es el que señala que los estudiantes deberán pagar al menos el 50% del SIFS y luego el de las IES.
Estas medidas se interpretan como una manera de asegurar que el crédito sea sustentable en el tiempo. Pero, ¿qué pasa con la sustentabilidad de las universidades? La realidad es que éstas no han logrado financiarse por sí solas con el arancel regulado. Por ello, la fijación de precios del SIFS y su modalidad de pago, podría afectarlas enormemente.
Si bien es un buen incentivo que las IES con mejor acreditación y mayor matrícula de alumnos vulnerables reciban más cobertura del crédito, ello no implica que la fijación de precio no perjudique sus proyectos educativos. Hemos sido testigos del déficit que generó la gratuidad a las IES, teniendo que, en algunos casos, reducir su inversión en investigación. Según una estimación realizada por Acción Educar, el déficit que podría generar el SIFS sería de 35 mil millones de pesos. Evidentemente esto afectaría su calidad.
Sin duda el SIFS es un mejor sistema que el CAE. Pese a ello, se debe estudiar con mayor profundidad para evitar que en el futuro su aplicación perjudique la calidad de la Educación Superior. Una propuesta en esa línea, es que el proyecto contemple la creación de un Consejo que lo evalúe anualmente para observar su sostenibilidad en el tiempo, y evitar lo ocurrido con el CAE.
